De la redacción
El Buen Tono
La Cámara de Diputados aprobó con 328 votos a favor y 131 en contra la Ley General de Aguas, una reforma que busca recuperar la rectoría del Estado sobre el recurso, frenar el acaparamiento y garantizar el derecho humano al agua, especialmente en comunidades rurales e indígenas.
Según el dictamen presentado por el titular de Conagua, Efraín Morales, el agua dejará de considerarse una mercancía y pasará a ser reconocida como un bien estratégico. El Estado será la única autoridad facultada para otorgar concesiones, eliminando la compra, venta o transferencia de títulos entre particulares, prácticas que, según las autoridades, favorecieron la concentración de derechos desde 1992.
La reforma crea el Registro Público de Agua Nacional, un Fondo de Reserva de Aguas para comunidades sin acceso y contempla la cancelación de concesiones acaparadas o sin uso. Además, endurece sanciones por robo de agua y regula obras privadas de captación pluvial que alteran ciclos hidrológicos.
Productores agrícolas del norte del país expresaron su preocupación por la eliminación de la transmisión privada de concesiones, ya que el acceso al agua forma parte del valor de sus tierras. Aunque Conagua aseguró que herencias y compraventa de predios seguirán permitidas, los agricultores señalan falta de claridad sobre los nuevos trámites y la protección de derechos históricos.
Efraín Morales señaló que la reforma representa “un profundo cambio en la visión del manejo del agua” y permitirá combatir el mercado negro del recurso, acusando además de una “campaña de desinformación” por parte de grupos con intereses afectados. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que quienes rechazan la reforma “tienen muchísimas concesiones de agua”, muchas de ellas sin uso o irregulares, y subrayó la necesidad de “poner orden”.
