AGENCIA
Valencia, España.- La investigación por la muerte de una menor de seis años tras someterse a una cirugía de extracción dental en la Clínica Mireia, en Alzira, tomó un giro determinante luego de que la Policía Nacional detuvo al anestesiólogo involucrado en el procedimiento, un hombre de 43 años, señalado por los presuntos delitos de homicidio, lesiones, delitos contra la salud pública y omisión del deber de socorro.
Este arresto se suma al de la propietaria de la clínica, una dentista de 50 años, quien realizó la extracción de dos dientes de leche y una raíz adicional. La profesionista argumentó ante las autoridades que informó a los padres de la niña sobre posibles complicaciones relacionadas con el procedimiento y la edad de la menor, por lo cual solicitó y obtuvo su consentimiento. Sin embargo, fue puesta en libertad la misma noche del miércoles, tras rendir declaración.
En contraste, el anestesiólogo permanecerá detenido luego de que este jueves 4 de diciembre se le dictó vinculación a proceso, mientras continúan las indagatorias para esclarecer la causa real del fallecimiento de la paciente, quien sufrió un episodio cardiorrespiratorio 15 días antes.
La investigación apunta a que el médico, quien también labora en el Hospital Clínico de Valencia, habría sustraído frascos de medicamentos inyectables —conocidos como viables— para preparar mezclas que presuntamente utilizó en las dos menores intervenidas en la clínica dental, una de las cuales perdió la vida.
Ante la conmoción generada por el caso, la Sociedad Española de Anestesia se pronunció sobre los riesgos inherentes a la aplicación de anestesia, dejando claro que la seguridad depende del profesional a cargo, así como del manejo adecuado de los fármacos y dosis administradas. Según un vocero citado por agencias, los medicamentos caducados suelen perder eficacia, pero no causar efectos como los ocurridos; y recordó que cualquier fármaco utilizado para sedación puede provocar un paro respiratorio si no se controla la dosis.
La muerte de la menor continúa bajo investigación, mientras autoridades buscan determinar si existió negligencia médica, uso indebido de medicamentos o violación de protocolos de atención en la clínica privada.
