En una de las jornadas legislativas más tensas y prolongadas de los últimos años, la Cámara de Diputados aprobó —tras más de 24 horas de debate, más de 500 reservas y más de 170 oradores— la reforma a la Ley de Aguas impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, mientras cientos de productores agrícolas protestaban afuera del recinto con maquinaria pesada en rechazo a lo que consideran un marco legal centralista que pone en riesgo la seguridad patrimonial del campo. Con 324 votos a favor, 118 en contra y dos abstenciones, la mayoría oficialista avaló la nueva legislación hídrica y la envió de inmediato al Senado, donde Adán Augusto López Hernández ya anticipó un aval “fast track” sin modificaciones.
La reforma incluye ajustes clave a las concesiones agropecuarias, a la transmisión de derechos y al reconocimiento de sistemas comunitarios de agua, aunque la oposición del PRI y PAN denunció que persisten vacíos jurídicos, nuevas restricciones y un régimen de sanciones que podría criminalizar a productores rurales. Entre las modificaciones aprobadas destaca el candado que permite conservar los derechos de uso del agua cuando se transmite la propiedad de la tierra, medida que el oficialismo presentó como garantía para el sector, aunque críticos sostuvieron que convive con otros artículos que generan incertidumbre.
Desde la madrugada del miércoles, organizaciones campesinas exigieron frenar la reforma al considerar que vulnera la propiedad y favorece un modelo de control federal del recurso hídrico. Al interior del pleno, las bancadas opositoras desplegaron pancartas con mensajes como “El agua es vida, no botín político” y “Morena odia al campo”, mientras cuestionaron la falta de consultas a pueblos originarios y advirtieron que la omisión podría derivar en una ola de litigios.
Pese a las críticas, Morena defendió que la reforma moderniza el marco jurídico, prioriza el consumo humano y crea nuevas herramientas para combatir delitos hídricos, con penas que pueden llegar hasta 14 años de prisión. El oficialismo también subrayó la inclusión de disposiciones que prohíben concesiones en zonas federales para desechar residuos mineros y la incorporación de la Secretaría de Ciencias al Consejo Técnico de Conagua.
El debate, marcado por acusaciones, gritos y reclamos entre bloques, evidenció la profunda polarización política y social alrededor del manejo del agua en México. Con la minuta ya en manos del Senado y el oficialismo decidido a aprobarla sin cambios, el país se encamina hacia una de las reformas más controvertidas del sexenio, bajo el velo de la velocidad legislativa y la inconformidad creciente de los productores rurales.
