Alejandro Aguilar
El Buen Tono
CÓRDOBA.- En los últimos días, el gobierno local ha hecho contrataciones millonarias de servicios profesionales que, en conjunto, superan los 7 millones de pesos. Estas adjudicaciones directas, amparadas en excepciones de ley, abarcan desde la auditoría técnica de la obra pública hasta la asesoría legal interna, generando interrogantes sobre transparencia, legalidad y blindaje de la administración encabezada por Juan Martínez y Vania López, quien tiene bajo su responsabilidad el área jurídica y será regidora, aparece como firmante en todos estos instrumentos. Esta dualidad de roles, ejerciendo como máxima autoridad de control interno mientras avala contratos y tendrá un puesto en el siguiente cabildo, levanta cuestionamientos sobre conflictos de interés y la autonomía de la fiscalización.
SIN REGISTRO
ANTE EL ORFIS
El contrato más polémico es la “Auditoría Técnica a la Obra Pública”, adjudicada a Selene Colorado, por 2 millones 120 mil pesos. La irregularidad más grave es de carácter formal y legal: en su declaración en el contrato, la prestadora admite que, al firmar el documento millonario, el 17 de julio de 2025, no contaba con el registro vigente en el padrón del ORFIS para fiscalizar la Cuenta Pública 2025.
El contrato señala que esta situación debe regularizarse mediante un adendum posterior, lo que implica que se celebró un acuerdo con una persona que, en ese momento, carecía de la habilitación legal para realizar el trabajo por el que se le pagaría. Además, el contrato establece una fianza que cubre el primer pago del 50 %, dejando desprotegido al municipio en el desembolso restante, y somete los plazos y evaluación final al arbitrio del ORFIS, sin la responsabilidad de la auditora.
Paralelamente, se otorgó un contrato de “Supervisión Externa de Obras FAISMUN 2025” por 3 millones 97 mil pesos a la empresa Mantenimiento y Soluciones Técnicas RUBAC. Este presenta inconsistencias en fechas, al firmarse el 30 de marzo, pero establece su inicio de vigencia el 1 de abril de 2025.
El objeto del contrato es descrito como “supervisión, verificación y seguimiento”, sin detallar metodologías, alcances específicos o entregables concretos, lo que abre la puerta a rendición de cuentas difusa. Un anticipo del 30 % del total, casi un millón de pesos, se autorizó sin que en el extracto disponible se justifique.
La tercera parte de este esquema es el contrato de “Asesoría Legal al Área de Ejecución Fiscal”, asignado a Argel Humberto Aguirre García, por 2 millones de pesos. El objeto del servicio es vago, limitándose a “asesoría legal especializada”, sin definir productos, horarios, metas ni mecanismos para medir su eficacia o necesidad. Esto convierte al contrato en un cheque en blanco, donde el pago parece garantizado con independencia de los resultados tangibles.
La síndica López González, como titular del área jurídica que supervisaría o recibiría esta asesoría, firma el contrato, configurando una situación donde la máxima fiscalizadora interna aprueba el gasto ¡para asesorarse a sí misma!
