Sandra González
El Buen Tono
ORIZABA.- El aumento del 13 % al salario mínimo para 2026, autorizado por el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), no representa un avance real para la clase trabajadora, sino una bomba de tiempo para la economía formal, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas (Pymes), advirtió el integrante del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) zona Córdoba – Orizaba, Octavio Gracián Malpica.
“Los incrementos desproporcionados y fuera de contexto que se han venido aprobando en las últimas administraciones generan presión inflacionaria artificial, profundizando la informalidad laboral y empujando a cientos de patrones a tomar decisiones drásticas para sobrevivir”.
“El problema no es aumentar el salario mínimo, es necesario; es hacerlo sin lógica económica. La inflación de este año no alcanzará ni el 5 % y aun así se impone un 13 %. Es brutal, porque se vuelve exponencial con el Seguro Social, Infonavit, vacaciones, aguinaldos y prestaciones. Todo sube, menos la capacidad de las empresas para resistir”, expresó.
Recordó que Veracruz está al 70 % de informalidad, lo que lo coloca prácticamente como líder nacional. Bajo ese escenario, cada aumento sin acompañamiento de políticas fiscales y de estímulo a la productividad representa un incentivo más para que los empleadores abandonen la formalidad. “Hoy no podemos deducir plenamente la nómina; en cambio, enfrentamos IVA, ISR, cuotas patronales y cargas que nos asfixian. Por eso pedimos la deducibilidad del 100 % de la nómina, IMSS, Infonavit y de todo lo que sí pagamos puntualmente. Si no hay oxígeno fiscal, habrá despidos masivos”.
Reconoció que muchas empresas no podrán cumplir con las cargas, particularmente las Pymes, causando pérdida de empleos formales, incluso de mano de obra calificada. “No cualquier patrón tiene la capacidad de absorber esos incrementos. Seguro Social e Infonavit se multiplican”.
Ante este escenario, el CCE considera urgente abrir un diálogo real y cercano con el gobierno federal, antes de que los efectos de este incremento se traduzcan en cierres de empresas, fuga de empleos y un crecimiento todavía mayor de la economía informal.
“La presión es demasiada y muy fuerte. Si el gobierno federal no ajusta la estrategia, 2026 podría convertirse en un año de quiebras, despidos y retroceso económico”, concluyó.
