AGENCIA
EEUU.- La declaración del presidente estadounidense Donald Trump sobre el “cierre total” del espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela ha provocado una nueva escalada en la ya tensa relación entre Washington y Caracas. Publicada el 4 de diciembre en su red social Truth Social, la advertencia generó de inmediato confusión operativa, incertidumbre legal y la suspensión masiva de vuelos internacionales hacia ese país.
El movimiento tuvo un efecto inmediato: la plataforma Flight Radar registró casi nula actividad aérea sobre territorio venezolano. Aunque Trump no emitió una orden ejecutiva o disposición jurídica que respaldara formalmente el cierre, su mensaje llamó a “todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas” a considerar el espacio aéreo venezolano “cerrado en su totalidad”.
Expertos en derecho internacional señalan que, según la Convención de Chicago de 1944, únicamente los Estados tienen soberanía efectiva sobre su espacio aéreo, por lo que solo Venezuela puede decretar su cierre. No obstante, Estados Unidos sí puede prohibir a aerolíneas estadounidenses volar sobre ese territorio, suspender acuerdos bilaterales o advertir a aseguradoras y operadores, respaldado por alertas previas de la Administración Federal de Aviación (FAA) sobre actividad militar en la zona.
Tras el anuncio, aerolíneas como Iberia, Air Europa, Turkish Airlines, Plus Ultra, Latam, TAP, Avianca y Gol suspendieron temporalmente sus rutas a Venezuela. La reacción del gobierno de Nicolás Maduro fue inmediata: Retiró de forma temporal las licencias de estas compañías y acusó a los países involucrados de sumarse a “actos de terrorismo de Estado” promovidos por Washington, lo que dejó varados a miles de pasajeros y profundizó el aislamiento internacional del país sudamericano.
La advertencia de Trump surge en un contexto de incremento de operaciones militares estadounidenses en el Caribe, con presencia de un grupo de ataque de portaaviones y otras naves desplegadas oficialmente para combatir el narcotráfico. Caracas interpreta este despliegue como una estrategia para forzar un cambio de régimen. El mandatario estadounidense ha designado al “Cartel de los Soles” como organización terrorista extranjera y ha autorizado operaciones encubiertas de la CIA en territorio venezolano, lo que marca uno de los episodios de mayor tensión en la región desde la invasión de Panamá en 1989.
Entre el conflicto, un punto singular han sido los vuelos de deportación de migrantes venezolanos desde Estados Unidos. Caracas anunció inicialmente su suspensión, pero luego accedió a reanudarlos bajo autorización especial, en un gesto inusual de cooperación en medio de la crisis diplomática.
A nivel internacional, la ONU hizo un llamado a respetar la normativa que rige la aviación civil. El portavoz de la Secretaría General, Stéphane Dujarric, expresó preocupación por los ataques estadounidenses a embarcaciones civiles y reiteró la necesidad de cumplir con las obligaciones del derecho internacional.
El episodio evidencia el impacto que puede generar una declaración política sin respaldo jurídico formal, así como los límites de las acciones unilaterales en un espacio -el aéreo- regido por normas globales de soberanía. El cierre de facto, motivado por el temor y la incertidumbre, deja a Venezuela más aislada en medio de tensiones que continúan escalando.
