in

Expertos denuncian como ilegal rem4tar a sobrevivientes de supuestas n4rcolanchas en el Caribe

PUBLICIDAD publicidad PUBLICIDAD

Agencias

Mundo.– La reciente divulgación de un segundo ataque contra una supuesta narcolancha por parte de las fuerzas armadas de Estados Unidos ha generado polémica internacional. El incidente, ocurrido el 2 de septiembre en el mar Caribe, terminó con al menos 87 personas muertas en más de 23 embarcaciones atacadas, según reportes oficiales. Lo que desató la controversia fue que, tras un primer bombardeo, un segundo ataque buscó eliminar a dos sobrevivientes, lo que varios expertos califican como violación a la ley internacional de derechos humanos.

La Casa Blanca defendió la operación alegando que formaba parte de un “conflicto armado” contra el crimen organizado, considerando a los tripulantes como combatientes terroristas. Sin embargo, especialistas en derecho internacional y militares retirados cuestionan la legalidad de rematar a personas incapacitadas o fuera de combate, argumentando que estas acciones constituyen posibles ejecuciones extrajudiciales y crímenes de guerra.

Legisladores estadounidenses han solicitado acceso a las órdenes ejecutivas que autorizaron los ataques, los videos completos y los criterios usados para identificar a los blancos como legítimos combatientes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también recibió una denuncia por la posible ejecución de un pescador colombiano que, según abogados, no tenía relación con el crimen organizado.

Expertos como Michael Schmitt y George Katrougalos señalan que matar a personas que se aferran a un bote en el agua es ilegal, incluso en un conflicto armado, y que este tipo de ataques violan el derecho internacional del mar y los derechos humanos. Mientras tanto, algunos legisladores y oficiales, como el presidente del Comité de Inteligencia del Senado, defienden la operación, calificándola de necesaria y legal.

El caso pone en el centro del debate la estrategia de Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado, la legalidad de sus operaciones militares y la protección de los derechos humanos de los civiles involucrados en estas confrontaciones.

CANAL OFICIAL PUBLICIDAD

Felipe Israel N, maestro de Xalapa, acusado por dos casos de abu$o contra alumnos con discapacidad

Fiscalía CDMX ofrece medio millón por exdirector de la SCT acusado de f€minicidio