Alejandro Aguilar
El Buen Tono
CDMX.– El Pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad declarar el 3 de mayo de cada año como el “Día Nacional de la Prevención de Desastres Químicos”, en memoria de las víctimas y los daños permanentes causados por la explosión en 1991 de la empresa Agricultura Nacional de Veracruz, SA (Anaversa) en Córdoba, Veracruz.
La iniciativa, promovida por la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, busca que esta fecha sea un llamado permanente a revisar y fortalecer las políticas de seguridad industrial, protección civil y normativas ambientales en el país.
En su discurso la senadora Castillo afirmó que el desastre de Anaversa “no fue un accidente, sino resultado de la negligencia institucional y de las redes de corrupción”, las cuales permitieron que una planta de plaguicidas altamente peligrosos operara en zona urbana, cerca de una guardería, escuelas y viviendas. Lo calificó como un “crimen de lesa humanidad” donde se violaron derechos fundamentales.
IMPUNIDAD Y EL OLVIDO
El acto, al que asistieron familiares de las víctimas de la Asociación de Asistencia a los Afectados por Anaversa, AC, fue descrito por los legisladores como un paso para convertir una tragedia en un punto de partida para la acción preventiva del Estado.
Senadores coincidieron en que, a más de tres décadas del suceso, persisten las secuelas en la salud y el medio ambiente.
Los familiares presentes agradecieron la iniciativa, afirmando que “honra la memoria de las víctimas y reconoce una lucha de 35 años”. Sin embargo, el acto legislativo puso en relieve la deuda histórica de justicia y reparación integral que, según se desprende de los señalamientos de negligencia y corrupción hechos desde la tribuna, involucró a múltiples niveles de gobierno y administraciones.
El proyecto de decreto fue remitido a la Cámara de Diputados para su conclusión. Mientras el 3 de mayo se perfila para ser una fecha de memoria oficial, los sobrevivientes de Anaversa esperan que este reconocimiento se traduzca en acciones concretas que garanticen que la negligencia institucional que causó el desastre no quede, una vez más, en la impunidad.
