AGENCIA
Nacional.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, promulgó este jueves la nueva Ley General de Aguas, pese al amplio rechazo de agricultores y ganaderos que advierten afectaciones a su patrimonio y criminalización de su actividad. El Decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación y entrará en vigor este viernes, quedando derogadas todas las disposiciones jurídicas que se contrapongan.
El principal punto de conflicto es la centralización del control del recurso hídrico, ya que la legislación establece que el agua subterránea será propiedad del Estado, aun cuando los pozos pertenezcan a particulares. La Ley también limita la herencia y venta de concesiones, lo que productores consideran una amenaza directa a su patrimonio y a la continuidad de sus actividades productivas.
Organizaciones del campo han alertado sobre posibles incrementos en los costos de operación, una mayor discrecionalidad por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y riesgos legales para los usuarios, al ampliarse las facultades sancionadoras y de vigilancia de la autoridad federal.
De acuerdo con el Decreto, la nueva Ley tiene por objetivo regular la explotación, uso, distribución y preservación de las aguas nacionales, garantizando su cantidad y calidad para un desarrollo sustentable. Además, establece mecanismos de coordinación entre Federación, estados y municipios para el diseño y ejecución de políticas públicas relacionadas con el derecho humano al agua.
La normativa reafirma que toda persona tiene derecho al agua para consumo personal y doméstico, y obliga a las autoridades a promover, respetar y garantizar dicho derecho. También mandata al Estado a prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones relacionadas con el acceso al agua.
El nuevo marco legal contempla sanciones de 2 a 14 años de prisión y multas de 400 a 4 mil Unidades de Medida y Actualización para servidores públicos que otorguen concesiones o permisos a cambio de beneficios indebidos. Asimismo, establece penas de 1 a 8 años de prisión y multas de 300 a 3 mil UMAs para particulares que ofrezcan dádivas a funcionarios con el fin de obtener concesiones o prórrogas.
Además, la Conagua tendrá amplias facultades de verificación e inspección, incluyendo el acceso a información reservada o confidencial relacionada con posibles infracciones. Podrá emplear nuevas tecnologías para estas labores y, en caso de detectar irregularidades, iniciará procedimientos administrativos sancionadores conforme al Reglamento de la Ley.
A pesar de la oposición del sector productivo, el Gobierno federal sostiene que la nueva Ley General de Aguas permitirá ordenar mejor el uso del recurso, fortalecer la vigilancia y garantizar el derecho humano al agua en todo el país. Sin embargo, agricultores y ganaderos anticipan un escenario de incertidumbre jurídica y operativa que podría impactar directamente al campo mexicano.
