Agencias
Ciudad de México.– La Fiscalía General de la República (FGR) avanzó en el proceso penal contra María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), al judicializar la carpeta de investigación en la que la acusa del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, relacionado con la pensión vitalicia que Petróleos Mexicanos (Pemex) le otorgó tras la muerte de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla.
De acuerdo con fuentes judiciales, Casar fue citada para comparecer el próximo 16 de diciembre ante una jueza del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, donde se celebrará la audiencia inicial en la que la FGR buscará imputarla formalmente.
La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por Pemex, que sostiene que la pensión post mortem fue otorgada de manera indebida, debido a que el fallecimiento del exfuncionario ocurrió por suicidio y no por un accidente laboral, como se asentó originalmente en registros oficiales. Con base en ello, la FGR señala que la familia habría recibido recursos de forma irregular.
Según los datos del expediente, además del pago del seguro de vida y gastos funerarios, la familia Márquez Padilla Casar habría cobrado más de 17 millones de pesos, así como una pensión mensual cercana a los 130 mil pesos para María Amparo Casar y pagos adicionales para sus hijos mientras cumplían con requisitos de edad y estudios. Pemex ha señalado que el monto total que busca recuperar supera los 31 millones de pesos.
El caso también tiene antecedentes en el ámbito civil y administrativo. Tras la suspensión del pago de la pensión, Casar promovió un juicio de amparo, mediante el cual obtuvo inicialmente una suspensión que obligó a Pemex a continuar con los pagos. Posteriormente, el juzgado determinó el sobreseimiento del amparo al considerar que el acto reclamado había cesado, sin pronunciarse sobre el fondo del asunto.
Actualmente, el expediente sigue abierto en diversas instancias, mientras la FGR prepara su imputación penal. El proceso ha generado amplia atención pública debido al perfil de la acusada y a su papel como dirigente de una organización dedicada a señalar casos de corrupción y uso indebido de recursos públicos en México.
