AGENCIA
Nacional.- En medio de una profunda crisis de la economía agropecuaria, marcada por la caída de los precios de los granos y el cierre de fronteras para la exportación ganadera, la reciente Reforma a la Ley Nacional de Aguas ha detonado un conflicto social, político e hídrico en el noroeste de México, particularmente en Baja California.
Este lunes, en la ciudad de Mexicali, autoridades estatales y federales sostendrán una nueva reunión con representantes del Frente Nacional por el Rescate del Campo, quienes exigen soluciones para miles de productores y usuarios del agua que, ante la falta de rentabilidad de las actividades agrícolas y pecuarias o por su avanzada edad, encontraron en la transferencia de derechos de agua una forma mínima de subsistencia.
De acuerdo con el tesorero del denominado Banco de Agua, los usuarios agrícolas venden parte de su dotación hídrica al gobierno a un precio de 1.40 pesos por metro cúbico, equivalente a mil litros. Sin embargo, denunciaron que ese mismo volumen de agua es revendido por los organismos operadores a 22 pesos para uso doméstico, hasta 40 pesos para el sector comercial, mientras que a la industria se le cobra una tarifa preferencial que puede descender hasta los cinco pesos por metro cúbico, dependiendo del volumen consumido.
Horacio Gómez Carranza, presidente del Consejo Estatal de Productores de Trigo y delegado del Frente Nacional por el Rescate del Campo, señaló que las mesas de diálogo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Gobierno de Baja California buscan un acuerdo que no deje en el abandono a los usuarios que han transferido agua a las ciudades de Tecate, Mexicali, Ensenada y Tijuana, ante la falta de alternativas económicas en el sector rural.
“Estamos buscando un mecanismo que brinde protección a la gente usuaria del agua que hoy se encuentra en situación de vulnerabilidad frente a la reforma. Son personas que por su edad y condiciones económicas dependen de esta actividad. El Estado dice que apoyará hasta donde alcancen sus facultades, pero necesitamos garantías, como que los acuerdos queden plasmados en un decreto”, afirmó Gómez Carranza.
De acuerdo con los productores, más de 17 mil 600 usuarios transfieren actualmente a las zonas urbanas más de 80 mil millares de metros cúbicos de agua para el abasto de la población. No obstante, señalaron que una parte significativa de ese recurso también se destina al uso comercial e industrial.
Los inconformes subrayaron que la Constitución establece como prioridades el consumo humano y la producción de alimentos, dejando en último término el uso industrial. En ese sentido, advirtieron que la reforma vulnera tanto el derecho de los productores como la seguridad alimentaria.
Por su parte, Efraín Morales López, director de Conagua, informó que en los últimos seis años el Gobierno de Baja California ha destinado alrededor de 500 millones de pesos para la compra de aproximadamente 80 millones de metros cúbicos de agua, con el objetivo de abastecer a las ciudades del estado.
El funcionario aseguró que se ha aclarado a los productores que la nueva legislación no impedirá la herencia de concesiones, no contempla acciones punitivas y no separará la tierra del agua, con el fin de dar certeza jurídica y mantener el valor de las propiedades agrícolas. No obstante, reconoció que con la reforma será imposible continuar con los esquemas de compraventa de agua, al tratarse de un recurso que pertenece a la nación.
“El agua le pertenece al pueblo de México y una de las ideas fundamentales de la reforma es devolverle el agua a la nación”, sostuvo Morales López.
Ante la falta de acuerdos, los integrantes del Frente Nacional por el Rescate del Campo advirtieron que, de no recibir garantías claras para proteger la economía de las familias afectadas, retomarán medidas de presión como la liberación de casetas y el cierre de aduanas comerciales en la frontera, lo que podría generar pérdidas económicas de hasta 100 millones de dólares diarios en el comercio de importación y exportación.
Será en la reunión de este lunes cuando autoridades y productores definan el rumbo de un conflicto hídrico que mantiene en la incertidumbre a cientos de familias del campo en Baja California y amenaza con escalar a nivel regional.
