Adriana Estrada
El Buen Tono
Zongolica.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), declaró ayer responsable al Estado mexicano de la tortura sexual, lesiones, denegación de atención médica y muerte de la mujer indígena náhuatl de 73 años, Ernestina Ascencio Rosario.
Los hechos se registraron en Tetlatzinga, Soledad Atzompa, en 2007.
El tribunal internacional también condenó el encubrimiento institucional y la falta de justicia para la víctima y su familia durante más de una década.
Con una votación de cinco a uno, la Corte determinó que México violó múltiples derechos de la Convención Americana, entre ellos a la vida, la integridad personal, la salud y las garantías judiciales.
El vicepresidente del órgano judicial, Rodrigo Mudrovitsch, leyó la sentencia que expone un patrón de negación y obstrucción de la justicia por parte de autoridades federales.
Constató que a Ernestina la violaron miembros del Ejército mexicano el 25 de febrero de 2007.
El día anterior a los hechos, instalaron un campamento militar cerca de la vivienda de la víctima, como parte de la estrategia de lucha contra el narcotráfico desarrollada por el Estado desde 2006.
La Corte determinó que el ataque sexual que sufrió la mujer indígena constituyó un acto de tortura, toda vez que fue intencional, causó severos sufrimientos físicos y mentales y se cometió con el propósito de intimidar, degradar, humillar y controlarla.
Aunque peritajes iniciales confirmaron la agresión sexual como causa de muerte, la versión oficial fue alterada, manifestaron finalmente una gastritis crónica.
La Procuraduría de Veracruz, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), coincidieron en esta versión, despidiendo a los peritos que sostuvieron la hipótesis del ataque sexual, cometido por elementos del 63 Batallón de Infantería.
Sanciones
La corte, determinó que el Estado mexicano deberá realizar una investigación efectiva para identificar, juzgar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales, así como brindar atención médica y psicológica gratuita a la familia.
También publicar el fallo, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad, y otorgar becas educativas a los nietos de la víctima.
De igual manera, se ordenó ampliar el Centro de Salud de Soledad Atzompa y crear un diagnóstico para eliminar barreras de acceso a la salud y justicia para mujeres indígenas, incluyendo la incorporación de intérpretes en el sistema, pagar indemnizaciones por daños materiales y costos del proceso.
Mientras que el Estado deberá presentar un informe sobre el cumplimiento en un año, y la Corte supervisará el caso hasta su ejecución.
El falló reabrió uno de los casos más simbólicos de la violencia contra las mujeres indígenas y la impunidad castrense durante la guerra contra el narcotráfico que se gestó en el sexenio del expresidente Felipe Calderón.
