SANDRA GONZÁLEZ
EL BUEN TONO
Orizaba.-La disputa por el área verde del fraccionamiento Francisco Gabilondo Soler Cri-Crí escaló esta semana tras la cuarta intervención de la Policía Municipal y personal de Alumbrado Público, acompañados por un representante de quienes se ostentan como propietarios, sin que se presentara orden judicial que justificara su actuación.
Vecinos denunciaron que el representante mostró solo una copia simple de una escritura, incapaz de acreditar legalmente la propiedad del terreno o autorizar el retiro de luminarias instaladas desde 1998. Ante la falta de documentación, no pudo demostrar respaldo legal que avalara el procedimiento.
La intervención reiterada de corporaciones municipales genera contradicciones. Si el terreno hubiera sido privado “toda la vida”, ¿por qué el Ayuntamiento ha ingresado durante más de dos décadas para colocar luminarias, bancas, juegos infantiles y mantener el espacio? Para los residentes, esto confirma un posible desvío de recursos públicos en un espacio que ahora se pretende privatizar.
Desde 2018, los vecinos han asumido labores de cuidado ante el abandono inicial, manteniéndolo libre de maleza, inseguridad y problemas de salubridad. Sus escrituras amparan la totalidad del terreno como parte integral de la unidad habitacional, lo que explica la instalación formal de luminarias a finales de los años noventa, tras el abandono parcial de la constructora Del Pilar, que dejó departamentos inconclusos. Recientemente, la constructora reapareció tras cinco meses, alegando la venta del predio a Norberto y Darío Ponce, sin notificar ni considerar a los vecinos, violando el reglamento de Ventanilla Única, que obliga a preservar un porcentaje mínimo de áreas verdes, alineado con la Agenda 2030 de la ONU. La ventanilla permanece cerrada desde el 1 de diciembre por el proceso de entrega-recepción, invalidando cualquier delimitación del terreno. La confusión se profundizó al presentarse inconsistencias sobre la autoridad legal: primero se mencionó la intervención de un juez y luego se señaló al representante de la Notaría Pública número 12, a cargo de Omar Falcón, sin aclarar el procedimiento legal, generando dudas sobre su conducta.
Pese a la falta de respaldo legal, el Ayuntamiento y la Policía han acudido bajo el argumento de proteger “material municipal”, es decir, las luminarias. Esto evidencia la contradicción central: si las luminarias son propiedad del municipio, entonces la intervención histórica constituye una invasión a un terreno supuestamente privado desde 1998.
Los habitantes advierten que no permitirán que, mediante presiones institucionales, se consumen despojos en un espacio que por más de 25 años ha funcionado como parque comunitario.
