México.- Durante los primeros meses de la administración del presidente Donald Trump, México fue evaluado por Estados Unidos como posible escenario de operaciones militares bajo la justificación del combate al narcotráfico. No obstante, la cooperación del gobierno mexicano en materia de seguridad y control migratorio derivó en que la estrategia estadounidense se reorientara hacia Venezuela, con el control de recursos petroleros como objetivo principal 🛢️.
Informes de medios como La Jornada y el Washington Post indican que Stephen Miller, subjefe de gabinete y principal impulsor de políticas antimigratorias en la Casa Blanca, promovió la implementación de una nueva “guerra contra las drogas”, que incluía la posibilidad de ataques directos a cárteles y presuntos traficantes en territorio mexicano. La disminución de cruces migratorios y la cooperación de México para frenar el tráfico de drogas modificaron este enfoque, desplazando la presión hacia Venezuela.
Miller, en colaboración con el secretario de Estado Marco Rubio y el asesor antiterrorista Sebastian Gorka, impulsó una campaña más agresiva contra Venezuela, evaluando incluso opciones militares y justificando la postura a través de medios y redes sociales. Tras el anuncio del bloqueo naval estadounidense, Trump reconoció que la acción estaba dirigida a recuperar el control del petróleo venezolano, mientras Miller defendió que la industria petrolera de ese país había sido construida con esfuerzo estadounidense y su expropiación constituía un despojo histórico.
En el ámbito legislativo, figuras como la congresista María Salazar han intensificado la presión sobre México, cuestionando su actuación en la región y señalando supuestas omisiones en apoyo energético a Cuba y otras naciones hemisféricas. A pesar de estas críticas, el Departamento de Estado reconoció la cooperación mexicana en seguridad, destacando acciones conjuntas contra el tráfico de fentanilo, armas y combustibles robados.
Funcionarios estadounidenses han planteado nuevas exigencias, que incluyen un aumento del presupuesto para operaciones antinarcóticos mexicanas, mayor presencia de fuerzas en la frontera y colaboración con China para frenar el tráfico de precursores químicos del fentanilo. Aunque estas medidas no implican decisiones inmediatas, reflejan un incremento en la presión política y diplomática sobre México, tanto en su relación bilateral con Washington como en su alineación regional frente a Venezuela y Cuba.
