Yessica Martínez
El Buen Tono
Orizaba.- La presencia de menores de edad vendiendo rosas, plantas y en esta temporada camuflados con el tradicional “cantar de la rama” en calles, cruceros y zonas comerciales de este municipio no es un fenómeno nuevo ni aislado, sino una problemática persistente que la administración de Juan Manuel Diez Francos decidió no atender, pese a que la ley obliga a las autoridades municipales a intervenir.
Durante años, el DIF municipal y el ayuntamiento justificaron su inacción con un argumento recurrente: que los menores provenían de otros municipios y que, por lo tanto, no correspondía a Orizaba atenderlos. Esa postura permitió que el trabajo infantil se normalizara en la vía pública, especialmente en temporadas vacacionales y de alta afluencia.
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que toda autoridad tiene la obligación de proteger a los menores que se encuentren dentro de su jurisdicción, sin importar su lugar de origen. El marco legal prohíbe expresamente la explotación laboral infantil y ordena a los municipios prevenir, detectar y atender estos casos. Asimismo, la Ley Federal del Trabajo prohíbe el trabajo de menores de 15 años y sanciona actividades que representen riesgos, como la venta ambulante en la vía pública, donde los niños son expuestos al tráfico vehicular, jornadas prolongadas y explotación económica.
Pese a ello, el gobierno municipal optó por no intervenir, convirtiendo el deslinde administrativo en política pública.
DIF SIN ACCIÓN
Lejos de implementar censos, programas de atención o coordinación intermunicipal, el DIF Orizaba redujo su actuación a la omisión, permitiendo que menores continuaran trabajando en las calles sin seguimiento ni protección institucional. La problemática fue documentada en distintos momentos por medios locales y reconocida por instancias de asistencia social, sin que ello derivara en acciones estructurales.
CHAHÍN Y UNA CUENTA PENDIENTE
El tema adquiere mayor peso con la llegada del próximo alcalde, Hugo Chahín, quien enfrentará un reto que no le es ajeno. La explotación infantil en la vía pública ya existía cuando fue director del DIF municipal y no fue erradicada ni atendida de fondo. Como alcalde entrante, Chahín hereda una deuda social que también lo alcanza por su paso previo por el área responsable de proteger a la infancia. La problemática no admite excusas ni desconocimiento.
