AGENCIA
Yucatán.- La expropiación de 00-04-42 hectáreas del ejido Yaxché, en el municipio de Dzitás, Yucatán, decretada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha reavivado cuestionamientos sobre el costo social del proyecto Tren Maya y el uso del poder del Estado para despojar a comunidades ejidales en nombre del llamado desarrollo.
El decreto, publicado el 19 de diciembre de 2025 en el Diario Oficial de la Federación, justifica la medida por causa de utilidad pública para la construcción y operación de obras complementarias del Tramo 4 del Tren Maya, que conecta Izamal con Cancún. Sin embargo, más allá del discurso oficial, la decisión expone una vez más la tensión entre los megaproyectos federales y los derechos históricos sobre la tierra.
La superficie expropiada corresponde a terrenos de uso común, entregados a la comunidad de Yaxché mediante resoluciones presidenciales en 1931 y 1935. Casi un siglo después, el Estado vuelve sobre esas tierras, ahora no para dotarlas, sino para arrebatarlas, bajo el argumento de la modernización y la conectividad nacional.
Uno de los puntos más polémicos es el monto de la indemnización. El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales fijó una compensación de apenas 7 mil 363.72 pesos por toda la superficie expropiada, una cifra que resulta irrisoria frente al valor social, productivo y simbólico del territorio ejidal. Aunque el Gobierno sostiene que se trata del valor comercial, la cantidad refuerza la percepción de que las comunidades pagan el precio más alto de un proyecto multimillonario.
La expropiación se inscribe dentro de la estrategia denominada Cien Compromisos para el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, incluida en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. No obstante, para los ejidatarios y críticos del proyecto, este tipo de decisiones contradicen el discurso de justicia social y respeto a los pueblos originarios que el propio movimiento enarbola.
A ello se suma la creciente militarización del proyecto. Con la disolución de Fonatur Tren Maya y la transferencia total del control a la empresa estatal Tren Maya, S.A. de C.V., bajo la órbita de la Secretaría de la Defensa Nacional, se consolida un modelo en el que las Fuerzas Armadas no solo administran infraestructura estratégica, sino también tierras expropiadas a comunidades rurales.
Aunque el Gobierno Federal insiste en que el Tren Maya impulsará el turismo, el comercio y funcionará como un corredor humanitario para comunidades indígenas y afromexicanas, la realidad es que muchas de estas comunidades han sido excluidas de las decisiones y ahora enfrentan la pérdida de su patrimonio territorial.
La cláusula que permite la reversión de las tierras al ejido si no se usan para el fin previsto en un plazo de cinco años aparece más como un recurso legal de contención que como una garantía real, en un contexto donde el Estado ha demostrado su capacidad para imponer proyectos aun frente a la resistencia social.
La expropiación del ejido Yaxché no es un hecho aislado, sino parte de un patrón que evidencia cómo el desarrollo impuesto desde el centro puede traducirse en despojo, descontento y ruptura del tejido comunitario. Bajo el discurso de progreso, el Tren Maya sigue avanzando, pero lo hace dejando dudas profundas sobre a quién beneficia realmente y quiénes terminan pagando el costo.
