AGENCIA
CDMX.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, inhabilitó a tres empresas proveedoras del Gobierno Federal para participar, por sí o a través de intermediarios, en procedimientos de contratación con la Administración Pública.
De acuerdo con un comunicado oficial, las personas morales sancionadas son Guardería Infantil San Nicolás, A.C., Just Implant, S.A. de C.V. y CISM, S.A. de C.V., las cuales incurrieron en distintas irregularidades durante procesos de contratación o ejecución de contratos.
En el caso de la asociación Guardería Infantil San Nicolás, el Órgano Interno de Control del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) impuso una multa de 134 mil 664 pesos, además de una inhabilitación por seis meses, al acreditarse que proporcionó información falsa durante la vigencia de un contrato relacionado con el cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social. La notificación se realizó el 15 de diciembre y fue publicada este lunes en el Diario Oficial de la Federación.
Por su parte, la empresa Just Implant fue sancionada con una multa de 577 mil 320 pesos y una inhabilitación por un año, luego de que se determinara que presentó información falsa en un procedimiento de contratación para el suministro de material de osteosíntesis y endoprótesis. La notificación correspondiente fue emitida el 16 de diciembre.
En tanto, a la empresa CISM se le impuso una multa de 144 mil 330 pesos y una inhabilitación por tres meses, debido a que no formalizó, de manera injustificada y por causas imputables a la compañía, dos contratos que le habían sido adjudicados tras participar en una licitación pública.
Dichos contratos estaban relacionados con el servicio de mantenimiento y rehabilitación de oficinas y áreas administrativas de inmuebles bajo la administración de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural durante el ejercicio fiscal 2022. La sanción fue notificada el pasado 12 de diciembre.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que las tres empresas ya fueron inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que les impedirá participar en nuevas contrataciones con el Gobierno de México durante el periodo de inhabilitación.
Finalmente, la dependencia señaló que las empresas sancionadas cuentan con el derecho de impugnar las resoluciones; no obstante, subrayó que defenderá las sanciones aplicadas al haber sido impuestas conforme a derecho y en protección del interés público.
¿Y cuándo inhabilitan a Citlalli Hernández Mora por infringir la Ley del Servicio Público? ¿Cuándo sancionarán a los “peces gordos” corruptos del gobierno de Morena?
