De la redacción
El Buen Tono
La Corte Suprema de Estados Unidos prohibió este martes al presidente Donald Trump desplegar a la Guardia Nacional en Chicago para proteger a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), al considerar que el Gobierno federal no demostró contar con la autoridad legal necesaria para utilizar a fuerzas militares en ese contexto.
En una orden no firmada, el máximo tribunal señaló que, en esta etapa preliminar, el Gobierno no identificó una fuente legal que permita a las Fuerzas Armadas ejecutar las leyes en Illinois, particularmente para tareas vinculadas con la protección de agencias civiles encargadas de la aplicación de la ley migratoria.
La decisión representó un revés poco común para la Casa Blanca. Los jueces conservadores Samuel Alito, Clarence Thomas y Neil Gorsuch votaron en contra, mientras que Brett Kavanaugh coincidió con el fallo, aunque expresó que habría preferido una resolución más limitada por las posibles implicaciones futuras en escenarios de crisis.
La controversia giró en torno a una ley federal que permite al presidente federalizar a la Guardia Nacional cuando no puede ejecutar las leyes de Estados Unidos con “fuerzas regulares”. La Corte consideró que ese término probablemente se refiere exclusivamente a las Fuerzas Armadas, y no a agencias civiles como ICE, por lo que la facultad invocada por Trump no aplicaría para este caso.
El tribunal concluyó que el Gobierno no logró demostrar que la ley permita al presidente usar a la Guardia Nacional bajo una autoridad inherente para proteger personal y bienes federales en Illinois. Alito, en su voto disidente, cuestionó que la Corte limitara la capacidad del Ejecutivo para resguardar a funcionarios federales ante posibles ataques y sostuvo que no existía base para rechazar la determinación presidencial.
El fallo se dio dos meses después de que el Gobierno de Trump presentara una apelación de emergencia, en un contexto en el que las tensiones en una instalación de ICE en los suburbios de Chicago ya habían disminuido, según reportes oficiales. Autoridades federales atribuyeron esa reducción a una mayor coordinación con la policía local.
Pese a ello, el Gobierno sostuvo ante los tribunales que los despliegues seguían siendo necesarios y alertó sobre agresiones violentas contra agentes federales en distintas ciudades del país. El caso fue considerado clave para definir el alcance del poder presidencial para movilizar a la Guardia Nacional en zonas urbanas.
Un tribunal federal de distrito en Chicago ya había bloqueado el despliegue en octubre, al considerar que el Gobierno excedió su autoridad. Esa decisión fue respaldada en gran medida por la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito. Finalmente, la Corte Suprema dejó firme la prohibición, marcando un precedente relevante sobre los límites legales del uso de fuerzas militares en tareas de apoyo a agencias civiles dentro de Estados Unidos.
