AGENCIA
Internacional.- Hace unos días, el Estado mexicano fue notificado formalmente de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Ascencio Rosario y otros vs. México, en la que el tribunal internacional declaró la responsabilidad del país por la violación sexual y las graves lesiones sufridas en 2007 por Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena náhuatl monolingüe de 73 años, hechos atribuidos a elementos del Ejército mexicano.
De acuerdo con la sentencia, la agresión sexual provocó a la señora Ernestina severos sufrimientos físicos y mentales. Tras el ataque, sus familiares la trasladaron durante aproximadamente 10 horas en busca de atención médica, hasta que fue ingresada al Hospital Regional de Río Blanco, en Veracruz, donde falleció a las 6:30 horas del 26 de febrero de 2007, antes de poder ser intervenida quirúrgicamente.
La Corte determinó que el Estado mexicano violó el derecho de la víctima a recibir atención médica accesible, disponible y de calidad. Señaló, además, que el hospital carecía de intérpretes de lengua náhuatl, lo que impidió una comunicación adecuada entre la paciente y el personal médico, agravando su situación de vulnerabilidad.
El tribunal también concluyó que la investigación ministerial no cumplió con el estándar de debida diligencia reforzada exigible en casos de violencia sexual contra mujeres, y que no se condujo con un enfoque de interseccionalidad, pese a tratarse de una mujer indígena, de edad avanzada y en un contexto de militarización. Las autoridades, subrayó la Corte, no actuaron de manera efectiva para esclarecer los hechos ni garantizar justicia a la víctima y su familia.
El caso, considerado emblemático, exhibe las fallas estructurales del sistema de justicia mexicano y se suma a otros procesos en los que las víctimas han buscado justicia sin encontrar respuesta efectiva en las instituciones del Estado. La sentencia documenta la indefensión absoluta de Ernestina Ascencio Rosario, a quien las autoridades no creyeron cuando denunció haber sido violada por militares.
Aunque el fallo se inscribe en el sistema internacional de protección de los derechos humanos, que cuestiona la noción tradicional de soberanía estatal, en México persisten posturas que rechazan la subordinación a tribunales internacionales. El cumplimiento de la sentencia representa uno de los principales desafíos, ya que el sistema interamericano carece de mecanismos coercitivos directos para obligar materialmente a los Estados a acatar sus resoluciones.
El caso se suma a otras condenas internacionales contra México, como la emitida en 2023 en el asunto García Rodríguez y otros, cuyo cumplimiento también permanece pendiente. En conjunto, estos fallos reavivan el debate sobre la responsabilidad del Estado mexicano frente a los derechos humanos, la eficacia de sus instituciones y la voluntad política para garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas.
