Agencias
México.- El gobierno federal decidió clasificar como reservada hasta 2030 toda la información relacionada con el blindaje instalado en Palacio Nacional durante la marcha de la Generación Z el pasado 15 de noviembre. Esto incluye el costo del operativo, el contrato y la empresa encargada de instalar las vallas metálicas, bajo el argumento de que su divulgación podría poner en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la presidenta Claudia Sheinbaum y su entorno. Según el Comité de Transparencia de la Presidencia, revelar estos datos representa un “riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo a la seguridad nacional”.
La decisión ha generado críticas por la falta de transparencia y la opacidad en el uso de recursos públicos. Expertos y ciudadanos cuestionan cómo un operativo de seguridad que se realiza en un espacio público puede permanecer completamente en secreto durante cinco años, y advierten que este tipo de reservas puede convertirse en un pretexto para ocultar gastos innecesarios o excesivos. La medida refleja un conflicto entre la seguridad oficial y el derecho de la ciudadanía a fiscalizar el uso de fondos públicos, dejando en duda si la “protección nacional” justifica mantener en secreto información que debería ser de interés público.
