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Zongolica.- Integrantes de diversas organizaciones y colectivos de mujeres, entre ellas Carmen y Marta Inés Ascencio, hijas de Ernestina Ascencio Rosario, manifestaron que la reciente resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que responsabiliza al Estado mexicano en distintos aspectos, debe convertirse en un precedente que garantice justicia para todas, particularmente para las indígenas.
Las hijas de la mujer náhuatl de 73 años, quien fue víctima de violación por parte de elementos del Ejército Mexicano y falleció en 2007, expresaron que durante años enfrentaron dolor y ausencia de justicia.
Pero, agregaron, que la sentencia internacional representa una esperanza largamente esperada.
Carmen Ascencio relató el impacto que tuvo la muerte de su madre en su familia, al recordar que el sufrimiento fue profundo y dejó una huella imborrable en ella.
Por su parte, Marta Inés Ascencio afirmó que actualmente existen mayores herramientas para defenderse y exigió que el fallo se traduzca en justicia efectiva, algo que, dijo, antes era inalcanzable.
Desde el ámbito jurídico, Julia Suárez Cabrera, integrante de Abogados y Abogadas para la Justicia y los Derechos Humanos, subrayó que la Corte IDH determinó con claridad la responsabilidad del Estado mexicano, por los hechos ocurridos Y también por la violación al derecho a la verdad de la familia y de la sociedad.
Añadió que el fallo reconoce la reproducción de prácticas discriminatorias y la manipulación de la investigación, factores que permitieron la impunidad durante años.
La representante del Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara (Cesem), Arlete García, recordó que el caso estuvo marcado por un prolongado periodo de opacidad e impunidad.
Destacó que la Corte condenó al Estado por la violación sexual, la tortura y la muerte de Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena náhuatl, monolingüe y en condiciones de pobreza, agredida por militares en la Sierra de Zongolica.
En el mismo sentido, Paulina Macías, de la organización Robert and Ethel Kennedy Human Rights Center, subrayó que la sentencia reconoce que lo sucedido a Ernestina Ascencio y a su familia fue consecuencia de una violencia institucional agravada, enmarcada en un contexto de militarización, racismo estructural y discriminación racial hacia las mujeres indígenas.
Norma Don Juan Pérez, de Conami México, indicó que la Corte evidenció los múltiples obstáculos que enfrentan las mujeres indígenas para acceder a la justicia, entre ellos el idioma, el género, la edad, el origen étnico y la exclusión económica, por lo que consideró que este fallo representa un precedente histórico para la región.
Por su parte, la representante de la asociación civil Kalli Luz Marina, con presencia en diversos municipios de la Sierra de Zongolica, Elizabeth Guevara Mitzi, explicó que la resolución ordena al Estado investigar y sancionar a los responsables. Además, añadió, de implementar medidas de reparación integral, brindar atención a la familia y establecer políticas públicas que eviten la repetición de estos hechos, así como reformas en los sistemas de salud y justicia con perspectiva de género, étnica y etaria.
Finalmente, Christina Fette, de la organización Raza e Igualdad, coincidió con las demás participantes al manifestar que este resultado es producto de un esfuerzo colectivo y sostenido entre mujeres, organizaciones indígenas locales y organismos internacionales, que mantuvieron la exigencia de justicia durante casi dos décadas, y que finalmente lograron alcanzar.
