AGENCIA
Nacional.- Un tribunal federal canceló de manera definitiva la investigación y el proceso penal por el presunto fraude de 229.3 millones de pesos denunciado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), luego de declarar ilícita una prueba clave obtenida por la Fiscalía General de la República (FGR).
La resolución fue emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Apelación, con sede en la Ciudad de México, el cual determinó que la fiscalía incurrió en una irregularidad al obtener un documento fundamental sin cumplir con los mecanismos legales de cooperación internacional, según información de la agencia Reforma.
El caso se originó a partir de una denuncia por presuntas irregularidades en trabajos de mantenimiento a equipos de seguridad en las terminales 1 y 2 del AICM, los cuales, de acuerdo con la acusación, habrían sido simulados. En los hechos se señalaba la posible comisión de un fraude millonario derivado de la adjudicación y ejecución de un contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de seguridad aeroportuaria.
Los imputados eran cinco funcionarios del aeropuerto y un particular, quienes presuntamente participaron en el proceso de contratación y ejecución del servicio. Para sustentar la acusación, la FGR presentó una carta de la empresa estadounidense Leidos, fabricante de algunos de los equipos de seguridad, en la que se desconocían las licencias y certificaciones exhibidas por la empresa Provetecnia para obtener el contrato.
No obstante, el tribunal concluyó que dicho documento fue obtenido de manera ilegal, ya que la fiscalía lo recibió directamente por correo electrónico de la empresa extranjera, sin realizar una solicitud formal de asistencia jurídica internacional, como lo establece la ley. Al tratarse de una prueba ilícita, ésta no pudo ser considerada para sostener el proceso penal.
El fallo ordenó la cancelación definitiva tanto del proceso penal como de la investigación, luego de que previamente otro tribunal de apelación hubiera instruido la reposición del procedimiento. Al no existir pruebas legales suficientes, se determinó que no había elementos para continuar con la imputación.
Con esta resolución quedaron libres de cualquier responsabilidad penal Jordi Messeguer Gally, director de Administración del AICM; Iván Durán Zenil, ex subdirector de Seguridad; Herón Villanueva Orozco, gerente de Seguridad; Paola Mancilla Moreno, coordinadora de Equipos de Seguridad; y Francisco Luis Quiroz Pulido, comandante de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Asimismo, fue favorecido José María Salazar Escalona, representante legal de la empresa Provetecnia.
El contrato cuestionado fue adjudicado de manera directa el 30 de noviembre de 2021 a Provetecnia, por un monto de 422 millones 275 mil pesos, con vigencia del 1 de diciembre de 2021 al 30 de noviembre de 2023. El convenio contemplaba el mantenimiento de 72 máquinas de rayos X, 22 detectores de metales pórticos CEIA, 61 detectores de trazas de explosivos Leidos y 16 detectores de explosivos por tomografía de la misma empresa.
La cancelación del caso reaviva cuestionamientos sobre la actuación de la FGR en investigaciones de alto impacto y sobre la debilidad de los procesos judiciales cuando las pruebas no se obtienen conforme a la ley.
