AGENCIA
Oaxaca.- El descarrilamiento del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ocurrido en Oaxaca, no solo dejó un saldo trágico de 13 personas fallecidas y 98 heridas, sino que volvió a colocar bajo escrutinio a un proyecto federal marcado desde sus primeras etapas por irregularidades financieras, deficiencias en la supervisión de obra y posibles daños al erario.
Documentos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revelan que, entre 2020 y 2023, la rehabilitación de la Línea Z del Tren Interoceánico acumuló observaciones por posibles daños al erario superiores a 33 millones 585 mil 934 pesos. Las anomalías derivan de pagos por obras inexistentes, sobrecostos injustificados y la presunta utilización de “personal fantasma”.
De acuerdo con la Cuenta Pública 2020, uno de los hallazgos más llamativos fue el pago de letreros normativos de obra que nunca pudieron ser acreditados físicamente, pese a que la empresa responsable argumentó que habían sido objeto de vandalismo, justificación que no fue respaldada con pruebas suficientes.
Asimismo, reportes periodísticos y auditorías oficiales documentaron que en el tramo La Mata–Colonia Jordán se detectó un pago excedente por balasto, la piedra que sostiene las vías férreas, ya que el volumen facturado superó al realmente colocado en el sitio.
A estas irregularidades se sumó el pago por rieles de mayor peso y costo que, según constató la ASF, nunca fueron instalados. En los hechos, se habrían colocado rieles más ligeros y de menor precio, lo que generó un diferencial económico sin justificar.
Una de las anomalías más graves se localizó en el tramo Ubero–Mogoñé, donde se entregó un anticipo de 187.9 millones de pesos, equivalente al 20 por ciento del contrato, sin que los trabajos hubieran iniciado. La auditoría determinó que no existía documentación que acreditara el uso correcto de esos recursos públicos.
Las observaciones continuaron en ejercicios posteriores. En la Cuenta Pública 2023, la ASF detectó pagos en exceso por 28.8 millones de pesos que, hasta ahora, no han sido aclarados por las instancias responsables.
El mayor “agujero” financiero identificado asciende a 17.6 millones de pesos y corresponde a un contrato en el que se inflaron costos de mano de obra y maquinaria. Se reportaron cuadrillas, locomotoras y camiones que no aparecían en bitácoras de obra ni contaban con evidencia fotográfica que comprobara su operación.
Incluso se documentó el llamado “riel fantasma”: se pagó por rieles de mayor peso y costo cuando en realidad se instalaron otros más baratos. Aunque los responsables argumentaron un supuesto “error mecanográfico”, la ASF mantuvo la observación al no existir elementos que justificaran la diferencia económica.
Tras el descarrilamiento que cobró vidas humanas, estas auditorías adquieren un nuevo peso político y social. La discusión ya no se limita a esclarecer el destino de los recursos públicos, sino a determinar si las fallas detectadas desde hace años contribuyeron a una tragedia que, a la luz de los señalamientos, pudo haberse evitado.
¿Ahora quién va meter la demanda, si todos los organismos están llenos de morenistas? Misma estrategia que en la construcción de la línea 12 del metro en CDMX, misma administración y para sorpresa de nadie, un accidente que cobra la vida de mexicanos. ¡Corruptos!
¡Más pruebas imposible! Y estamos en el país más corrupto, más endeudado, más sangriento, que parece un cementerio lleno de fosas clandestinas, gobernados por ineptos, burros, endejos y súper mentirosos y tranzas, ¡pero no pasa nada!
