AGENCIA
Nacional.- El año 2025 concluye con una larga lista de personajes ligados a Morena que, pese a estar envueltos en polémicas, denuncias penales o señalamientos por presuntos actos ilegales, se mantienen sin consecuencias judiciales ni políticas. Casos que, para críticos y analistas, contradicen los principios de austeridad, legalidad y combate a la corrupción promovidos por la llamada Cuarta Transformación.
Uno de los nombres más relevantes es el del senador Adán Augusto López Hernández, líder de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado. Su nombre quedó bajo escrutinio tras la detención de Hernán Bermúdez Requena, señalado como presunto dirigente del grupo criminal La Barredora, a quien López designó en 2019 como secretario de Seguridad Pública cuando fue gobernador de Tabasco. Pese a existir denuncias penales, el legislador no ha sido imputado ni citado a declarar por la Fiscalía estatal ni por la FGR.
Otro de los episodios más delicados del sexenio es el llamado huachicol fiscal, un esquema de contrabando de combustible que simulaba la importación de lubricantes para evadir impuestos. En marzo se aseguraron 10 millones de litros de gasolina y en septiembre fueron detenidas 14 personas, entre ellas Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda. Su hermano, Fernando Farías Laguna, cuenta con orden de aprehensión, pero continúa en libertad tras pagar fianza.
A la par, los hijos mayores del expresidente Andrés Manuel López Obrador han sido señalados por presuntamente beneficiarse de licitaciones de obra pública. Andrés Manuel López Beltrán fue cuestionado por ausentarse de la Asamblea Nacional de Morena mientras vacacionaba en Japón, con una estancia de lujo valuada en 177 mil pesos, acompañado por Daniel Asaf, exjefe de la ayudantía presidencial. José Ramón López Beltrán, por su parte, volvió a la polémica por su estilo de vida, tras ser captado saliendo de una exclusiva tienda en Houston, sin que se conozcan ingresos que expliquen ese nivel de gasto.
En el Senado, Gerardo Fernández Noroña también protagonizó controversias. De crítico de excesos gubernamentales pasó a ser señalado por viajes internacionales de alto costo y por la adquisición de una propiedad valuada en alrededor de 12 millones de pesos en Tepoztlán, cuyo financiamiento no ha sido aclarado públicamente.
Otro caso es el del diputado Cuauhtémoc Blanco, quien evitó el desafuero con el respaldo de Morena y sus aliados, pese a señalamientos por presuntos delitos sexuales. Incluso fue exhibido participando de forma remota en labores legislativas desde un partido de pádel.
Más recientemente, el dirigente sindical y diputado federal Pedro Haces Barba fue salpicado por la detención de Édgar “N”, alias Limones, dirigente de la CATEM en Durango, acusado de extorsión y de encabezar al grupo criminal Los Cabrera. Haces negó cualquier vínculo, pese a imágenes que muestran al detenido con indumentaria del sindicato.
En el ámbito estatal, varios gobernadores morenistas también cerraron el año bajo cuestionamientos. Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, ha sido señalado por presunto tráfico de influencias en favor de familiares. Reportes periodísticos vinculan a su hijo con empresas investigadas por la FGR en el caso del huachicol fiscal.
En Sinaloa, Rubén Rocha Moya se mantiene en el cargo pese a señalamientos que lo relacionan con el secuestro de Ismael El Mayo Zambada y el asesinato de Héctor Cuén Ojeda en 2024. Aunque ha sido interrogado, no enfrenta cargos y cuenta con el respaldo público de López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, fue duramente criticada luego de que Estados Unidos le retirara la visa sin explicación oficial, en medio de presiones del gobierno de Donald Trump por presuntos vínculos entre políticos mexicanos y el crimen organizado.
En Chiapas, el exgobernador Rutilio Escandón fue nombrado cónsul en Miami, pese a acusaciones de omisión frente a la operación de grupos criminales durante su gestión. En Campeche, la gobernadora Layda Sansores fue señalada por el proceso judicial contra el periodista Jorge González Valdez, que incluyó el cierre de su medio y la imposición de un censor judicial.
En Veracruz, Rocío Nahle enfrentó críticas tras minimizar la muerte de la maestra Irma Hernández, víctima de secuestro y tortura, y posteriormente por la detención del reportero Rafael León Segovia, acusado de terrorismo.
Al cierre de 2025, estos casos alimentan el debate sobre la impunidad y la selectividad de la justicia en México, mientras crece la percepción de que ciertos personajes del régimen permanecen intocables, aun cuando los escándalos se acumulan.
