De la Redacción
El Buen Tono
Córdoba.- Mientras la violencia real contra las mujeres arroja más de 500 delitos en Córdoba este año, la síndica Vania López González usó la figura de “violencia política de género” como arma para censurar críticos y blindarse, con el aval tácito del alcalde Juan Martínez Flores y su operador político Manuel Cerezo.
Con un sueldo de 130 mil pesos, López González judicializó el disenso: demandó a un concejal por llamarla “señorita” y a una periodista por usar la palabra “capricho”. Sus batallas legales contrastan con las 457 agresiones por violencia familiar y al menos un feminicidio registrado en el municipio.
El cinismo de Vania López culminó al asegurar su reelección y colocar a su hermana Itzel en el cabildo, un nepotismo que evidenció que su “inclusión” era un proyecto de poder familiar.
Este año, su estrategia recibió un revés cuando un tribunal federal determinó, en el expediente SX-JDC-253/2025, que no hubo violencia política de género en una de sus quejas contra la periodista Claudia Guerrero Martínez, ya que las críticas están protegidas por la libertad de expresión.
La administración de Juan Martínez, manejada en lo oscuro por Manuel Cerezo, mantuvo una política de simulación, omitiendo acciones reales contra la violencia, usaron el dolor de las mujeres como moneda de cambio político.
