DE LA REDACCIÓN
EL BUEN TONO
Orizaba.– El Cabildo de Orizaba tomó protesta el jueves 1 de enero a Alfredo Álvarez Valenzuela como nuevo director de Seguridad Pública municipal, pese a que enfrenta un proceso penal vigente por desaparición forzada y mantiene un amparo federal que ha impedido su detención desde hace casi una década. La designación se realizó aun cuando existe una orden de aprehensión activa derivada de la causa penal 88/2014, radicada en la Fiscalía del Estado de Chihuahua. De acuerdo con el expediente, Álvarez Valenzuela participó en septiembre de 2008, cuando era elemento de la Policía Federal, en un operativo realizado en un bar de Chihuahua donde fue privado de la libertad Alejandro Fontes, un joven de 28 años que permanece desaparecido.
La orden de captura fue librada en 2014 y continúa vigente. Sin embargo, el ahora director de Seguridad Pública no ha sido presentado ante la autoridad judicial debido a que cuenta con un amparo federal que lo protege contra su detención, recurso que le ha permitido eludir la acción de la justicia durante años y ahora asumir un cargo de mando policial.
A este antecedente se suma una investigación por hostigamiento sexual agravado. En 2020, Erandi N. denunció que Álvarez Valenzuela, cuando se desempeñaba como director general adjunto de la Subsecretaría de Seguridad Pública federal, realizó insinuaciones sexuales en su contra mientras ella era su subordinada.
Antes de su llegada a Orizaba, Álvarez Valenzuela ocupó el cargo de secretario de Seguridad Ciudadana en Tlaxcala, del cual fue destituido en noviembre de 2021. Tras su salida, fue reportado como sustraído de la justicia, hasta ser localizado en 2024, manteniendo en todo momento el amparo que lo protege de la detención.
El nombramiento generó una reacción inmediata de colectivos de derechos humanos y analistas, quienes señalaron la contradicción de colocar al frente de la seguridad municipal a una persona señalada por violaciones graves a los derechos humanos y con procesos penales abiertos.
Con esta decisión, la administración municipal encabezada por el alcalde Hugo Chahín Kuri dejó la seguridad de los habitantes de Orizaba en manos de un funcionario con antecedentes judiciales activos, una determinación que ha encendido el debate público sobre legalidad, ética y responsabilidad institucional.
