AGENCIA
Internacional.- Mientras la justicia federal argentina avanza en un pedido formal para iniciar la extradición activa de Nicolás Maduro por presuntos crímenes de lesa humanidad, la postura del presidente Javier Milei vuelve a quedar bajo cuestionamiento. El contraste entre la acción del Poder Judicial y el silencio, cuando no la ambigüedad, del Ejecutivo expone una política exterior errática, más guiada por alineamientos ideológicos que por una defensa coherente de los derechos humanos.
El fiscal federal Carlos Stornelli solicitó a la Justicia argentina activar el trámite de extradición del exmandatario venezolano desde Estados Unidos, donde permanece detenido tras una operación militar y enfrenta cargos federales por narcoterrorismo y otros delitos graves. El pedido se inscribe en una causa abierta en Buenos Aires que investiga a Maduro por una presunta persecución sistemática contra la población civil venezolana desde 2014, con detenciones arbitrarias, torturas y secuestros que encuadrarían como crímenes de lesa humanidad.
La causa, impulsada por organizaciones de defensa de la democracia, se apoya en el principio de jurisdicción universal, una herramienta que la Argentina ha reivindicado históricamente para juzgar delitos de extrema gravedad. Sin embargo, ese compromiso choca con la actitud del gobierno de Milei, que ha optado por un bajo perfil frente a un proceso judicial que, de prosperar, colocaría a la Argentina en el centro de un debate regional e internacional sobre justicia y derechos humanos.
El movimiento de Stornelli ocurre apenas días después de la captura de Maduro y su traslado a Nueva York, donde se declaró “no culpable” y alegó una inmunidad que Washington rechaza al no reconocerlo como presidente legítimo. En ese contexto, el silencio del Ejecutivo argentino resulta llamativo. Milei ha sido estridente en su retórica contra gobiernos de izquierda, pero cuando la posibilidad de avanzar institucionalmente contra uno de ellos se vuelve concreta, su gobierno parece replegarse.
La contradicción es evidente. Por un lado, el discurso presidencial se presenta como defensor irrestricto de la libertad y enemigo de los regímenes autoritarios; por otro, evita pronunciamientos claros cuando la justicia argentina busca llevar a juicio a un líder acusado de graves violaciones a los derechos humanos. La falta de una postura firme no solo debilita el reclamo judicial, sino que también erosiona la credibilidad internacional del país.
Ahora será la Justicia de Buenos Aires la que defina si eleva el pedido de extradición a la Cancillería para su tramitación diplomática. En ese punto, el rol del gobierno nacional será inevitable. Milei deberá decidir si acompaña una iniciativa basada en el derecho internacional y en la tradición argentina de juzgar crímenes de lesa humanidad, o si vuelve a priorizar el cálculo político y el alineamiento externo por encima de la coherencia institucional.
La causa contra Maduro abre un nuevo frente judicial en Sudamérica y coloca a la Argentina ante una disyuntiva clara. La pregunta ya no es solo qué hará la justicia, sino si el presidente estará a la altura del discurso que proclama o si, una vez más, optará por mirar hacia otro lado.
