De la Redacción
El Buen Tono
Córdoba.- El alcalde declaró que el problema “no es culpa de Limpia Pública” sino de una “cuestión de mantenimiento vehicular que se descuidó”, pero la realidad operativa y los contratos millonarios vigentes cuentan una historia muy distinta, una donde la responsabilidad recae directamente en las decisiones de su gobierno y en la supervisión de los proveedores a los que se les adjudicó el servicio.
Apenas se logró una relativa normalización en algunos circuitos, la evidencia en el terreno contradice el discurso oficial. El panteón municipal se ha convertido en un corralón-taller improvisado, donde camiones recolectores pintados de nuevo evidencian un parque vehicular en constante reparación, no una flota operativa.
Paralelamente, el Centro de Transferencia de Residuos en la colonia Paraíso continúa operando al límite de su capacidad, convertido en un embotellamiento crítico dentro de la cadena de disposición final.
La declaración del alcalde, donde menciona que “ahorita tenemos que regresar a hablar con las personas que tienen el equipo”, revela una falla de supervisión y exigencia contractual. Los acuerdos no deberían depender de nuevas conversaciones; ya establecen los mecanismos, plazos y penalizaciones para garantizar el servicio.
Que el alcalde admita que apenas se está obteniendo un diagnóstico sugiere que su administración no ha ejercido el control debido sobre contratos que consumen decenas de millones del erario.
Lavarse las manos atribuyendo el colapso a un “descuido” en el mantenimiento es una narrativa insostenible. Ese mantenimiento, según los contratos que su gobierno está obligado a hacer cumplir, es una obligación contractual pagada con recursos públicos.
