Agencias
Washington, Estados Unidos | 10 de enero de 2026 — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el pasado viernes una orden ejecutiva que declara una emergencia nacional para proteger los ingresos derivados de la venta de petróleo venezolano que se encuentran depositados en cuentas del Tesoro de Estados Unidos, con la intención de impedir que esos fondos puedan ser embargados, objeto de procesos judiciales o incautados por acreedores.
La medida, promovida por la Casa Blanca como una acción para “promover los objetivos de política exterior estadounidenses”, fue adoptada después de que Trump se reuniera con altos ejecutivos del sector petrolero para insistir en que inviertan en la industria energética de Venezuela, considerada estratégica por su enorme peso en el mercado mundial de hidrocarburos.
La orden firmada por Trump establece que estos recursos —incluidos los ingresos por la venta de crudo y productos derivados del petróleo venezolano, definidos como “Foreign Government Deposit Funds”— son propiedad soberana de Venezuela y permanecerán bajo custodia estadounidense con protección especial, sin que puedan ser objeto de embargos por parte de tribunales o reclamaciones privadas.
La Casa Blanca argumenta que la protección de estos fondos es vital para evitar que su incautación socave los esfuerzos de Estados Unidos por asegurar la estabilidad económica y política en Venezuela, un país que posee una de las reservas petroleras más grandes del mundo y que ha sido sancionado por Washington desde 2019.
La orden llega en un contexto geopolítico tenso tras recientes acciones estadounidenses en Venezuela, incluida una operación militar para capturar al presidente Nicolás Maduro, y un impulso de la administración Trump para controlar las ventas de crudo venezolano e incentivar inversiones privadas estadounidenses en su industria petrolera.
Si bien Trump presentó la medida como un esfuerzo por estabilizar la región y proteger los intereses de ambos países, la decisión también ha sido interpretada como un paso estratégico para mantener el acceso de Estados Unidos a los recursos energéticos venezolanos y minimizar el riesgo de interferencias externas sobre esos activos.
