DE LA REDACCIÓN
EL BUEN TONO
Córdoba.- La crisis de basura que enfrenta actualmente Córdoba no es fortuita ni reciente. Es la consecuencia directa de un esquema de manejo de residuos que, durante años, ha privilegiado la renta de servicios sobre la inversión pública. Aunque el Ayuntamiento anunció la llegada de cuatro tolvas para retirar cerca de 3 mil toneladas de desechos acumulados en las instalaciones de Servicios Municipales, en la colonia El Paraíso, la medida no representa un cambio de fondo, sino la continuidad de un modelo oneroso.
La estrategia anunciada se sustenta en la renta de tolvas, el cobro por cada viaje y el pago por tonelada recolectada, un mecanismo que ya se utilizaba desde el inicio de la administración de Juan Martínez Flores, cuando el servicio fue contratado con la empresa TRABAL, propiedad de Manuel Alonso Cerezo y Luis Abella. El mismo esquema reaparece ahora bajo el argumento de una situación emergente, con un plazo de 15 días que carece de un plan estructural a largo plazo.
Los datos operativos permiten dimensionar el costo real. Una tolva puede trasladar hasta 30 toneladas, aunque en condiciones normales suele cargar alrededor de 25. Para retirar 3 mil toneladas se requieren entre 63 y 130 viajes, todos con cargo al erario. De acuerdo con estimaciones extraoficiales, cada viaje se cobra actualmente entre 30 y 40 mil pesos, muy por encima de tarifas previas.
Esto significa que sólo el traslado puede costar entre 1.89 y 5.2 millones de pesos, a lo que se suma el pago por disposición final: 340 pesos por tonelada, es decir, más de un millón de pesos adicionales. También se incluyen los costos por llevar los residuos a rellenos sanitarios fuera del municipio, como Medellín o Nogales. El resultado es un esquema donde todo se paga, pero el municipio no adquiere camiones ni infraestructura propia.
Durante la administración anterior, Córdoba destinó hasta 92 millones de pesos anuales al servicio de limpia pública, sin que ello se tradujera en patrimonio municipal ni en una solución definitiva al problema de la basura.
Mientras tanto, autoridades de Servicios Municipales aseguran que operan 18 camiones en 22 rutas y anuncian la reactivación de multas contra ciudadanos que no respeten horarios o disposiciones.
No se entiende por qué el Ayuntamiento no ha invertido en una planta recicladora de basura, cuando el costo del traslado a rellenos sanitarios fuera del municipio es tan elevado. Durante años, la basura ha sido entregada a pepenadores para que extraigan todo lo que tiene valor —papel, vidrio, plástico, cartón, láminas y otros materiales—, lo que obliga al municipio a pagar al basurero receptor por desechos que ya no contienen ningún aprovechamiento económico. La pregunta es inevitable: ¿a quién le pagan los pepenadores?, ¿quién se queda con los ingresos que se obtienen de la basura reciclable? El valor extraído de los residuos no regresa a la ciudad ni a los ciudadanos; todo se pierde dentro de un esquema de corrupción que opera desde el propio Ayuntamiento.
