Sandra González
El Buen Tono
Ixtaczoquitlán.- La grave contaminación detectada en el manantial de Cuautlapan, confirmada por Cofepris a inicios de enero de 2026, no puede analizarse con ligereza ni con omisiones políticas. Ante los antecedentes documentados de la planta de tratamiento de aguas residuales Firiob, solicitaron al gobierno de Rocío Nahle García no se descarte, sin una investigación profunda y transparente, la posibilidad de que esta instalación sea una de las fuentes del daño ambiental que hoy afecta a más de dos mil personas en la zona de las Altas Montañas.
La planta Firiob, inaugurada en 1995 y administrada por el Fideicomiso del Río Blanco, arrastra casi tres décadas de señalamientos por mal manejo, tecnología obsoleta, reactores averiados, fallas operativas, malos olores persistentes y emisiones contaminantes. En los últimos diez años, vecinos de colonias como San José y La Luz han denunciado hedores fétidos que incluso provocaron desalojos de escuelas.
En 2020, se documentó contaminación de cultivos de chayote, caña y café que afectó a alrededor de 500 productores, sin que hasta hoy exista una rendición de cuentas clara.
Graciano Illescas Téllez, presidente del Consejo Intermunicipal de Ambientalistas (CIMA), fue enfático al señalar que varias empresas descargan sus aguas residuales en Firiob, y aunque el origen primario pueda estar en esas industrias, la responsabilidad del tratamiento recae directamente en la planta.
“Las empresas pagan para que Firiob se haga cargo del tratamiento; no se les puede eximir y menos aún a la planta que recibe, procesa y libera esas aguas”, sostuvo. A ello se suman estudios donde se ha detectado presencia de ácido sulfúrico, lo que abre la posibilidad de emisiones en estado gaseoso, líquido o sólido como partícula, sin
que se descarte tampoco la intervención de una gasera.
