AGENCIA
CDMX.- La sorpresiva renuncia de la magistrada Lorena Josefina Pérez Romo al Órgano de Administración Judicial (OAJ) del Poder Judicial de la Federación (PJF) provocó el cese inmediato de más de 60 trabajadores adscritos a su ponencia, así como el cierre de sus oficinas con sellos de seguridad, en un episodio marcado por la falta de información oficial y un manejo administrativo caótico.
Proceso informó el pasado 6 de enero que Pérez Romo dejó el OAJ sin que, hasta el momento, se hayan dado a conocer las razones de su salida, ocurrida apenas cuatro meses después de haber sido designada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como integrante del nuevo órgano que sustituyó al Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
La última vez que la magistrada acudió a su oficina, ubicada en avenida Revolución 1508, al sur de la Ciudad de México, fue el 15 de diciembre de 2025, justo antes del inicio del periodo vacacional del PJF. Días antes, el viernes 12 de diciembre, encabezó un convivio navideño con su equipo, al que dirigió un mensaje de continuidad, asegurando que en 2026 tendrían una alta carga de trabajo y exhortando a sus colaboradores a mantener su profesionalismo y empeño. Para entonces, su renuncia no parecía estar en sus planes.
Pérez Romo presidía la Comisión de Carrera Judicial y Especialización del OAJ, junto con Catalina Ramírez Hernández y Surit Berenice Romero Domínguez. Sin embargo, desde el 2 de enero, cuando el PJF reanudó labores, la magistrada ya no se presentó a trabajar ni asistió a la sesión solemne de inauguración del periodo ordinario de sesiones del OAJ. Muy pocos sabían que ya había presentado su renuncia directamente ante la SCJN.
La mañana del 6 de enero, dos abogadas del área Jurídica del OAJ acudieron a la ponencia de la magistrada con avisos de rescisión de contrato para más de 60 colaboradores. Así, de manera abrupta, el personal se enteró de la salida de su titular. Debido a la inmediatez del procedimiento, no se designaron funcionarios para resguardar computadoras, archivos y mobiliario, por lo que las oficinas de los pisos 11 y 6 fueron cerradas con sellos de seguridad con logotipos del PJF, como si se tratara de una escena bajo investigación.
Los trabajadores cesados acudieron a Recursos Humanos del PJF, en Picacho-Ajusco, para realizar los trámites de baja, pero ahí les informaron que no tenían conocimiento de su cese y que oficialmente no existía indicación alguna sobre el procedimiento a seguir. Fuentes federales señalaron que algunos colaboradores tenían plaza base en otras áreas del PJF y, aunque regresaron a sus adscripciones originales, no pueden realizar movimientos administrativos hasta que su baja del OAJ aparezca en el sistema interno.
Otros empleados, sin base, enfrentan un escenario aún más crítico: Sin la hoja de baja no pueden acceder al seguro de retiro conformado con sus propios ahorros quincenales. Incluso han sido informados de que el trámite podría tardar más de un mes, dejándolos sin ingresos ni acceso a su propio dinero.
Hasta ahora se desconoce el paradero de la magistrada Pérez Romo y el OAJ asegura no haber recibido formalmente su escrito de renuncia, ya que éste fue presentado ante la SCJN. No obstante, ni la Suprema Corte ni el propio OAJ han emitido un pronunciamiento público sobre las causas de la dimisión ni sobre la situación laboral del personal afectado.
Proceso consultó en dos ocasiones al OAJ sobre este caso, pero la respuesta fue la misma: No existe posicionamiento oficial debido a que el órgano no ha sido notificado formalmente de la renuncia. Mientras tanto, más de 60 trabajadores permanecen en un limbo administrativo, evidenciando la falta de coordinación y transparencia en la operación del nuevo órgano de administración judicial.
