AGENCIA
Chiapas.- El presunto robo de 22 toneladas de mango ataulfo dentro del Polo de Desarrollo Tapachula II no sólo exhibe un posible saqueo de bienes públicos, sino también una cadena de contradicciones, omisiones y silencios por parte de las autoridades federales encargadas del resguardo y administración de los recursos del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno exigió a la Secretaría de Marina y a las autoridades del CIIT presentar denuncias penales y administrativas contra los presuntos responsables de la sustracción de la fruta, ocurrida el 20 de mayo de 2025, así como un informe detallado sobre el volumen real robado, su valor económico y la identidad de quienes tenían a su cargo la custodia de la cosecha. La dependencia incluso pidió aclarar si el monto del daño asciende realmente a 143 mil pesos o si se trata de otra cantidad.
El caso se volvió más turbio luego de que El Universal revelara, el pasado 12 de enero, que la Marina denunció a la ingeniera agrónoma Brenda Elizabeth Meza Sandoval, hoy regidora de Morena y entonces funcionaria de la Secretaría de Bienestar, como presunta responsable del robo. Sin embargo, el propio informe oficial incurre en contradicciones: Mientras se habla de 22 toneladas sustraídas, en otro apartado se reduce el faltante a “entre 250 y 500 cajas de mango”.
Meza Sandoval negó de manera categórica cualquier participación en el supuesto robo y aseguró que fueron los propios marinos quienes cosecharon y retiraron el mango del predio adjudicado a la Semar en octubre de 2024. Según su versión, su única intervención fue impedir inicialmente el acceso por falta de acreditación del personal naval, como parte de sus funciones de resguardo para la Secretaría de Bienestar.
“Ellos lo cosecharon, ellos lo sacaron y ellos se lo llevaron. ¿En qué momento pueden decir que yo me lo llevé? En ninguno”, afirmó, al señalar que cuenta con evidencia fotográfica de que fueron elementos de la Marina quienes realizaron la cosecha y el traslado del fruto, pruebas que entregó como parte de sus reportes oficiales.
Más allá del señalamiento individual, la auditoría Captación de ingresos por ventas de bienes del CIIT revela un manejo errático y poco transparente de la información por parte de la Marina. La dependencia tenía como plazo el 3 de diciembre de 2025 para informar qué denuncias había presentado por la supuesta sustracción, pero hasta ahora no hay claridad sobre si se actuó legalmente o si el caso quedó en la indefinición administrativa.
Las inconsistencias se multiplican al revisar las cifras oficiales. En la auditoría se establece que la Marina esperaba obtener hasta 3.6 millones de pesos por la venta de mango cultivado en 192 hectáreas, con una producción estimada de hasta 520 toneladas. No obstante, en otros documentos se habla de sólo 147 hectáreas y 300 toneladas. A pesar de estas variaciones, tras el robo de las 22 toneladas, la dependencia redujo drásticamente sus proyecciones de ganancia a apenas 1.4 millones de pesos, al clasificar el fruto restante como “mango de tercera”.
El mismo informe incluye proyecciones de ingresos por otros productos agrícolas: 101 mil pesos por 1.3 toneladas de achiote, 20 mil pesos por 914 kilos de limón y 100 mil pesos por 10 toneladas de palma de aceite. Sin embargo, tampoco queda claro bajo qué criterios se estimaron estos montos ni quién supervisó su correcta comercialización.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno también exigió a la Marina explicar la discrepancia entre las 192 hectáreas reportadas en marzo de 2025 y las 147 hectáreas incluidas en el contrato mercantil firmado el 30 de abril con el consignatario Carlos Enoc Rodríguez Arrieta, comprador de los mangos. Hasta ahora, esa aclaración sigue pendiente.
El caso del mango ataulfo en Tapachula II se ha convertido en un ejemplo de cómo la opacidad, las cifras contradictorias y la falta de responsabilidades claras erosionan la credibilidad de las instituciones. Mientras las autoridades se culpan entre sí y los informes se contradicen, el presunto robo de recursos públicos sigue sin responsables plenamente identificados ni sanciones visibles.
Ésos datos ya se archivaron “por seguridá nacional”. ¡Si no van por narcos y asesinos, ya parece que van a hacer algo para buscar a ladrones de fruta!
