De la redacción
El Buen Tono
Usuarios en redes sociales han vuelto a colocar en la conversación pública el caso de doña Rosa García, sentenciada en 2020 a 180 años de prisión por el homicidio de 12 personas vinculadas a una estructura de crimen organizado conocida como Unión Tepito, además de tentativa de homicidio y posesión de una sustancia tóxica.
La resolución judicial cerró uno de los expedientes más mediáticos surgidos en el barrio de Tepito, al documentar una serie de muertes ocurridas entre noviembre y diciembre de 2019. Durante ese periodo, varias personas relacionadas con el cobro de extorsiones comenzaron a presentar síntomas de intoxicación severa, lo que encendió las alertas de las autoridades capitalinas.
La Fiscalía de la Ciudad de México detectó un patrón común en los decesos, lo que derivó en análisis especializados y en la apertura de una carpeta de investigación por homicidio calificado. Conforme avanzaron las indagatorias, se estableció que Rosa García habría actuado tras años de sufrir extorsiones conocidas como “derecho de piso”, una práctica recurrente en zonas bajo control del crimen organizado.
Durante un cateo realizado en la vivienda de la acusada, las autoridades localizaron elementos que fortalecieron la línea de investigación, motivo por el cual fue detenida y puesta a disposición de los tribunales. El Ministerio Público le imputó cargos por homicidio calificado y posesión de sustancias tóxicas, dando inicio a un proceso judicial de alto impacto mediático.
En el juicio oral, la Fiscalía presentó pruebas periciales, testimonios y una confesión ministerial que, a criterio del tribunal, acreditaron la responsabilidad penal de la acusada. Aunque se reconocieron atenuantes relacionados con su estado emocional y la ausencia de antecedentes penales, los jueces concluyeron que existió premeditación, por lo que dictaron una pena sin posibilidad de libertad condicional.
Actualmente, Rosa García cumple su condena en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, donde permanece recluida desde finales de 2019. La reaparición del caso en redes sociales ha reavivado el debate nacional sobre la extorsión, la violencia ejercida por el crimen organizado y los vacíos de justicia que persisten en territorios dominados por estas estructuras.
