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De la Redacción

El Buen Tono

Córdoba.- Apenas iniciado el gobierno municipal de Manuel Alonso Cerezo, la oficina regional de Profeco en Córdoba reanudó actividades con nuevo titular: Luis Esteban Rojero Sánchez, empleado sindicalizado de la CROC, cercano a círculos de la Pastoral y sin formación profesional registrada ni antecedentes en defensa del consumidor.

Analistas y exfuncionarios interpretan la maniobra como un intento de la administración para controlar un espacio que, aunque no genera ingresos, funciona como canalizador clave de quejas ciudadanas contra proveedores de servicios públicos, entre ellos Hidrosistema, organismo municipal señalado por deficiencias.

Un “encargado” sin nombramiento oficial.

A diferencia de lo difundido en medios afines al ayuntamiento, no existe nombramiento oficial emitido por el procurador federal, única autoridad facultada para designar delegados. La búsqueda en el Registro Nacional de Profesionistas confirma la falta de estudios acreditados, requisito elemental para un cargo de ese nivel.

Fuentes de Profeco estatal señalan que se usó la figura de “encargado de despacho”, recurso interino que el alcalde ha aplicado en otras áreas para justificar designaciones rápidas sin concursos ni escrutinio público, estrategia que le permite sortear requisitos de transparencia y profesionalización.

El movimiento provocó la salida de Mario Castañeda, delegado por más de dos administraciones y reconocido por su actuación técnica. Expresó su “decepción” por el rumbo de la administración, al privilegiar intereses políticos sobre capacidad técnica y autonomía institucional.

Profeco Córdoba es la primera ventanilla de reclamos por cobros excesivos, cortes irregulares o mala calidad del agua. Colocar a un perfil afín al alcalde podría servir como filtro político para minimizar quejas que afectan su imagen.

Rojero Sánchez es identificado más por su activismo en la CROC y la Pastoral que por trayectoria en protección al consumidor, reforzando la percepción de que su designación responde a cuotas sindicales y lealtades personales antes que a méritos profesionales.

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