AGENCIA
CDMX.- Un secretario en funciones de Magistrado, con sede en el Estado de México, fue separado del cargo por el Tribunal de Disciplina Judicial, tras determinarse que alteró documentos para obtener de manera ilícita la renuncia de una oficial judicial sin su consentimiento.
El Órgano de Administración Judicial informó que la sanción se derivó de una queja presentada por la trabajadora afectada, en la que se acreditó que el servidor público se aprovechó de su cargo para cometer actos arbitrarios con el fin de forzar la dimisión de su subalterna. La resolución señala que la mujer fue colocada en una situación de vulnerabilidad, al ser madre de un menor de edad y estar divorciada de otro servidor público del mismo órgano jurisdiccional con un cargo superior, lo que implicó consecuencias personales y económicas relevantes.
Del análisis de las pruebas, la Comisión de Disciplina del Tribunal de Disciplina Judicial concluyó que la servidora pública fue afectada de manera diferenciada por su condición de mujer, como resultado de las acciones del implicado, quien se desempeñaba en funciones de Magistrado de Circuito.
En un caso distinto, la misma Comisión decretó la suspensión de sueldo y labores de un secretario de Acuerdos que, en funciones de Juez de Distrito, incurrió en actos en contra de la administración de justicia durante la tramitación de un juicio de amparo.
De acuerdo con el Órgano de Administración Judicial, el funcionario omitió pronunciarse sobre la suspensión provisional solicitada por los quejosos, quienes pedían su inmediata libertad ante la urgencia de recibir atención médica, al encontrarse detenidos en una Estación Migratoria.
La investigación reveló que los promoventes solicitaron amparo contra su detención, arresto e incomunicación, así como contra su posible deportación, expulsión o destierro. Sin embargo, el juez únicamente concedió la suspensión de plano para evitar la incomunicación y su traslado o retorno a su país de origen, sin ordenar su liberación.
La Comisión de Disciplina subrayó que los quejosos presentaban padecimientos de salud graves: la mujer se encontraba embarazada y había presentado sangrado, mientras que el hombre padecía hipertensión arterial severa, condiciones que requerían atención médica continua para evitar daños irreversibles o incluso la pérdida de la vida.
Por estas omisiones, el Tribunal de Disciplina Judicial determinó que el juzgador incumplió con su obligación de ordenar la inmediata libertad de las personas detenidas, lo que motivó la sanción en su contra.
Eso es fraude procesal y es cárcel. ¡Tienen la obligación de dar vista al MP! ¿Y por qué lo hace? ¡Porque se puede! Para eso es la Reforma Judicial. Es el resultado de la tómbola para elegir funcionarios del Poder Judicial.
