Agencias
Ecatepec.— La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, negó que el empresario Ricardo Salinas Pliego sea víctima de persecución política por parte del Gobierno federal, luego de que el magnate presentara una denuncia ante instancias internacionales al acusar presuntas violaciones a sus derechos.
Sheinbaum aclaró que el caso no tiene tintes políticos, sino que se trata de un proceso fiscal derivado de adeudos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), mismos que ya fueron avalados por resoluciones judiciales definitivas. “No hay persecución política ni violación a derechos humanos; se trata simplemente de un requerimiento del SAT que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó como válido”, afirmó.
La mandataria explicó que los amparos promovidos por el empresario fueron desechados y que las resoluciones de los tribunales establecen la obligación de cumplir con el pago correspondiente. Añadió que el SAT ya notificó formalmente el requerimiento y que ahora se espera la respuesta del contribuyente. “Ellos tienen que acercarse al SAT para establecer su esquema de pago; incluso pueden hacerlo en parcialidades”, señaló.
El pasado 13 de enero, Salinas Pliego sostuvo una reunión con Pedro Vaca, relator especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), ante quien presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por una supuesta persecución del Estado mexicano en su contra.
De acuerdo con el SAT, Grupo Salinas deberá cubrir 51 mil millones de pesos por adeudos fiscales, luego de que la Suprema Corte desechara los últimos recursos legales. El titular del organismo, Antonio Martínez Dagnino, informó que en enero de 2026 se iniciará formalmente el procedimiento de cobro conforme al Código Fiscal de la Federación.
El funcionario detalló que, una vez notificado el requerimiento, inicia el plazo para el pago voluntario, y que los contribuyentes pueden solicitar esquemas de pago y, dependiendo del caso, ajustes a la baja de hasta 39 por ciento, conforme a la ley y a las sentencias judiciales.
