Efraín Hernández
El Buen Tono
CÓRDOBA, VER.– Durante la tarde-noche del viernes, el Cabildo cordobés aprobó un nuevo organigrama del Ayuntamiento que, de acuerdo con abogados consultados, podría constituir un fraude a la ley y derivar en responsabilidades administrativas para autoridades municipales.
Lo anterior se da luego de que, desde su llegada al cargo, el presidente municipal Manuel Alonso comenzó a crear puestos “a dedazo”, nombrar funcionarios sin el perfil exigido por la normatividad y modificar áreas administrativas sin sustento legal. Además, especialistas recordaron que el artículo 16 de la Constitución Federal establece que todo acto de autoridad debe emanar de una orden escrita emitida por autoridad competente, por lo que cualquier actuación municipal debe estar respaldada por cargos previstos en un reglamento y en un organigrama debidamente autorizado.
Sin embargo, la administración municipal eliminó áreas y creó nuevas sin que estos cambios fueran aprobados previamente por el Cabildo. En consecuencia, advierten los juristas, actos como detenciones policiacas, multas de tránsito, trámites educativos e incluso el cobro del predial podrían ser impugnados por carecer de fundamento reglamentario. Entre las decisiones más cuestionadas destaca la fusión de los mandos de Policía y Tránsito, así como modificaciones al área educativa y a la Tesorería municipal. Ante este panorama, el cuerpo edilicio aprobó únicamente el organigrama sin modificar el Reglamento de la Administración Pública Municipal, presuntamente para cumplir con los plazos del ORFIS y justificar el pago de salarios de la primera quincena de enero. No obstante, esta situación también podría generar responsabilidades administrativas al pagarse sueldos de cargos que aún no existen en un reglamento publicado en la Gaceta Oficial del Estado.
