Córdoba.- En apenas quince días de gobierno, la administración municipal de Manuel Alonso Cerezo ya ofrece una postal conocida: el poder como salvoconducto y la ley como trámite opcional.
La noche del domingo, un sujeto que se presentó como “asistente de Presidencia” provocó un accidente automovilístico al conducir un Chevrolet Camaro en el cruce de Avenida 1 y Calle 15, en pleno centro de Córdoba. El impacto no fue menor. Intentó huir del lugar y fue alcanzado metros adelante.
Aun así, no fue puesto a disposición de la Fiscalía.
La razón no fue técnica ni legal. Fue política.
La frase “soy asistente del alcalde” funcionó como pase automático a la impunidad.
Tránsito no aplicó la ley: la contuvo
El área encargada de hacer cumplir el reglamento vial, bajo la responsabilidad de Jorge Maximiliano Huerta Vázquez, alias “El Chillon”, no actuó como autoridad, sino como muro de protección del presunto responsable.
No hubo cadena de custodia.
No hubo protocolo.
No hubo consecuencias.
Ebriedad tolerada, privilegio garantizado
Testigos confirmaron que el conductor presentaba evidentes signos de ebriedad y que, lejos de asumir responsabilidad, exigía su liberación, invocando su cercanía con el alcalde.
La exigencia fue atendida. Minutos después, quedó libre, sin multa pública, sin informe oficial y sin explicación.
Para los ciudadanos que presenciaron la escena, el mensaje fue brutal: la cercanía con el poder pesa más que el riesgo causado en la vía pública.
Cuando el antecedente explica el presente
El episodio resulta aún más grave al recordar quién dirige Tránsito.
Huerta Vázquez arrastra su propio historial: un choque en presunto estado de ebriedad, al volante de un vehículo oficial asignado a Morena, en Avenida 5 y Calle 6, colonia Centro.
Entonces, como ahora, no hubo detención ni investigación, presuntamente gracias a cobijo político, entre ellos el del exsecretario de Educación Zenyazen Escobar.
Lejos de ser sancionado, fue recompensado con el control de Policía, Tránsito y Protección Civil, áreas donde la ley debería ser inflexible y no negociable.
Gobierno nuevo, prácticas viejas
Hoy las preguntas no son retóricas, son urgentes:
- ❓ ¿Quién controla realmente a Tránsito en Córdoba?
- ❓ ¿Quién protege a los protegidos?
- ❓ ¿Cuántos accidentes más deberán ocurrir para que la ley se aplique sin apellidos?
No hay postura oficial.
No hay deslinde.
No hay sanción.
Lo que sí hay es una percepción cada vez más arraigada entre la ciudadanía: en Córdoba, la impunidad no es una falla del sistema; es parte de su funcionamiento desde el primer día.
