AGENCIA
Aguascalientes.- La fiscal federal en Aguascalientes, Maribel Chávez Arriaga, enfrenta nuevas acusaciones por presuntos actos de corrupción, abuso de poder y uso indebido de la institución, luego de que una abogada denunciara la apertura de carpetas de investigación en su contra por asumir la defensa de un político local.
La abogada penalista Marisa Rugarcía denunció en entrevista con Excélsior que ha sido objeto de hostigamiento institucional tras asumir la defensa de Axel Armendáriz Silva, regidor electo por Morena en el municipio de Rincón de Romos, quien fue detenido el pasado 10 de octubre de 2024 en un operativo que, aseguró, estuvo plagado de irregularidades.
De acuerdo con la defensa, Armendáriz fue detenido cuando se dirigía a atender un citatorio ante la Fiscalía en calidad de testigo. Durante el trayecto, presuntamente le fue “sembrada” un arma de fuego para justificar su detención, apenas tres días antes de que rindiera protesta como regidor. A pesar de estas irregularidades, la fiscal Maribel Chávez Arriaga lo presentó ante un juez y solicitó prisión preventiva, medida que lo mantiene privado de la libertad hasta el momento.
Rugarcía explicó que, tras asumir la defensa en enero de 2025, comenzó a solicitar diligencias y actos de investigación para esclarecer el caso, los cuales le fueron sistemáticamente negados. Indicó que, desde el inicio, existía una consigna interna para impedir que la defensa accediera a pruebas o realizara diligencias clave.
La situación, señaló, se agravó luego de que un juez de control ordenara a la Fiscalía llevar a cabo los actos solicitados. A partir de ese momento, aseguró, comenzó una nueva etapa de hostigamiento en su contra.
“La Fiscalía empezó a utilizar la carpeta de investigación de mi cliente para abrir líneas contra mí y mi equipo, solicitando videograbaciones de nuestros ingresos a las instalaciones, registros de visitas al Cereso e incluso peritajes grafoscópicos. Ya no investigaban el caso de Axel, sino cómo imputarme algo a mí”, afirmó.
La abogada también denunció que, tras hacerse público el caso, la fiscal federal se declaró incompetente y envió el expediente a la Fiscalía de Asuntos Complejos en la Ciudad de México, una decisión que calificó como injustificada. Además, señaló que se abrió una carpeta de investigación en su contra, a la cual no ha podido tener acceso y cuya existencia ahora es negada por las autoridades.
Rugarcía acusó directamente a Maribel Chávez Arriaga de operar mediante prácticas corruptas, incluyendo el presunto cobro de cuotas a abogados a cambio de beneficios procesales, como salidas alternas o procedimientos abreviados.
“No les interesa investigar delitos, les interesa silenciar, cobrar y usar el cargo para servirse”, afirmó.
Finalmente, la abogada expresó temor por su seguridad y la de su equipo, al considerar que si fue posible fabricar un delito contra un funcionario electo, cualquier persona podría ser víctima de prácticas similares.
Hasta el momento, la Fiscalía General de la República no ha emitido una postura oficial sobre estas acusaciones.
