De la Redacción
El Buen Tono
Fortín.- El fracaso del proyecto de la Clínica de Oncología del IMSS en el municipio visibilizó otro caso de corrupción que involucra al exalcalde, Gerardo Rosales Victoria, quien se cree impune debido al amparo del acosador de mujeres, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
Ciudadanos denunciaron que Rosales Victoria adquirió con recursos públicos un predio en 20 millones de pesos, para después apropiárselo de forma irregular.
Tal hecho termino por frenar definitivamente la obra de la Clínica Oncológica que atendería pacientes de la zona Centro de Veracruz.
En la misma red de señalamientos aparece la exfuncionaria del IMSS Veracruz Sur, Teresa de Jesús Oseguera Aguilera, a quien acusaron de participar en operaciones financieras irregulares relacionadas con el proyecto.
Sin embargo, lejos de enfrentar investigaciones, actualmente se encuentra adscrita a una delegación en la Ciudad de México, situación interpretada como una protección institucional.
Los denunciantes sostuvieron que obstaculizaron la obra deliberadamente mediante sobrecostos, negociaciones opacas y sobornos, en los que también se mencionó a la exdelegada María Magdalena Chiquito Rivera, así como a Erick Sánchez Lucho y Ángel Ulises Romero Gil, quienes continúan vinculados al instituto pese a los señalamientos en su contra.
Impunidad
Fuentes políticas y testimonios locales, indicaron que el exfuncionario se ampara en su padrino político, Manuel Huerta, a quien Morena y el Senado rechazan, ni siquiera lo desean como interlocutor u operador político.
A pesar del descrédito interno, algunas versiones indicaron que Huerta pretende imponer a Rosales Victoria como titular de la Delegación Regional del Bienestar de Córdoba, con lo cual desplazarían a Óscar Carmona Oropeza, quien enfrenta cuestionamientos por su desempeño.
La maniobra generó molestia entre cuadros locales y beneficiarios de programas sociales, porque se pretende premiar a un exedil corrupto y ladrón.
Fraude
Aunado a lo anterior, se documentó un desvío de recursos superior a los 4.6 millones de pesos, que originalmente se etiquetaron para infraestructura hospitalaria, lo que profundizó el deterioro de clínicas y hospitales del IMSS Veracruz Sur y afectó la calidad de la atención médica.
Por ello, la indignación creció entre derechohabientes, personal médico y ciudadanos, quienes acusaron que mientras se hablaba de transformación y bienestar, actores municipales y operadores partidistas utilizaron la salud como botín político.
Demanda
Ante tal panorama, colectivos y trabajadores exigieron que las autoridades federales y estatales investiguen, sin simulaciones, a Gerardo Rosales Victoria, Teresa de Jesús Oseguera Aguilera y al grupo de exfuncionarios señalados de corrupción.
Además de frenar cualquier intento de imponer al exalcalde como coordinador de Bienestar en la zona.
