AGENCIA
Sinaloa.- Lo que comenzó hace algunos años con el uso rudimentario de drones comerciales adaptados para lanzar explosivos artesanales ha evolucionado de manera alarmante hacia un escenario propio de un conflicto militar moderno. Hoy, el crimen organizado en México no solo disputa territorios con armas de alto calibre, sino que ya compite en el terreno de la guerra electrónica.
El reciente aseguramiento de un sistema C-UAS SkyFend tras un enfrentamiento armado en el municipio de San Ignacio, Sinaloa, expuso con crudeza una realidad que las autoridades han evitado reconocer públicamente: Los grupos criminales cuentan con tecnología militar de vanguardia, valuada en alrededor de 100 mil dólares por módulo, capaz de neutralizar drones, interferir señales satelitales y controlar el espacio aéreo.
El hallazgo se da, además, en un contexto de alta tensión diplomática, justo cuando Estados Unidos ha reiterado su intención de intervenir de forma más directa contra los cárteles mexicanos. El mensaje implícito es inquietante: Las organizaciones criminales no solo anticipan una posible intervención, sino que ya están preparadas tecnológicamente para enfrentarla.
El equipo asegurado -atribuido a una célula ligada a La Mayiza, facción del Cártel de Sinaloa- no es un artefacto improvisado. Se trata de un sistema de defensa aérea utilizado por ejércitos formales, incluido el Ejército Mexicano, lo que evidencia un nivel de acceso y financiamiento que resulta imposible de explicar sin redes de corrupción, tráfico internacional y complicidad institucional.
El sistema SkyFend decomisado consta de tres componentes clave:
Hunter, un dispositivo portátil con pantalla táctil capaz de detectar drones en un radio de hasta 3 kilómetros, neutralizando su señal y forzando su aterrizaje o retirada.
Spoofer, el componente más delicado y peligroso, especializado en el engaño de señales GPS. Este equipo crea zonas virtuales de exclusión aérea, engañando a los drones para que pierdan su ruta, se estrellen o sean capturados. Su alcance ronda los 2 kilómetros.
Guider, una plataforma automatizada de defensa aérea basada en inteligencia artificial, que opera de manera continua y coordina la detección y neutralización de amenazas sin intervención humana constante.
La presencia del módulo Spoofer es particularmente alarmante. Este tipo de tecnología es capaz de interferir con drones militares, incluidos los utilizados por agencias como la DEA o el Departamento de Defensa de Estados Unidos. En términos prácticos, permite levantar un “domo electrónico” que ciega la vigilancia aérea y convierte amplias zonas del país en territorios opacos para cualquier autoridad.
El hallazgo plantea una pregunta inevitable: ¿Cómo es posible que organizaciones criminales tengan acceso a tecnología que cuesta cientos de miles de dólares y que está restringida para uso militar?
La respuesta apunta a un problema estructural. No se trata solo de tráfico de armas, sino de un mercado negro de tecnología avanzada, financiamiento sin límites y personal altamente capacitado. Operar estos sistemas requiere conocimientos en telecomunicaciones, guerra electrónica y manejo de software especializado, muy por encima del perfil tradicional de un sicario.
Esto sugiere la participación de exmilitares, mercenarios o técnicos con formación especializada integrados a las filas del crimen organizado, lo que confirma una preocupante profesionalización de la violencia.
Más grave aún es el mensaje político y de seguridad nacional que deja este caso: Mientras el discurso oficial insiste en que no hay presencia extranjera armada en México, los grupos criminales ya cuentan con herramientas diseñadas precisamente para repeler operaciones militares de alto nivel.
El riesgo no es solo interno. El uso de tecnología de interferencia contra drones o aeronaves extranjeras podría detonar incidentes internacionales de gran escala, sobre todo si se afecta equipo estadounidense. Un error de cálculo podría escalar un conflicto diplomático o incluso militar.
A esto se suma el hecho de que el control del espacio aéreo ya no está garantizado por el Estado. Con estos sistemas, el crimen organizado puede negar el acceso aéreo, impedir labores de inteligencia y proteger laboratorios, rutas y enclaves estratégicos.
El aseguramiento en San Ignacio no es un caso aislado ni una anécdota: Es una señal clara de que el poder de fuego del crimen organizado ha dado un salto tecnológico que supera por mucho las capacidades visibles del Estado en regiones dominadas por el narcotráfico.
La pregunta ya no es si los cárteles están mejor armados, sino por qué, cómo y con la complicidad de quién lograron estarlo. Y, sobre todo, cuánto tiempo más podrá el país sostener la ficción de que se trata solo de un problema de seguridad pública, cuando los hechos apuntan a un conflicto de naturaleza casi militar.
La pregunta es: ¿Cómo los adquieren? ¿Esta tecnología está al alcance de cualquier ciudadano o tiene que mediar algún gobierno como comprador? Esta situación genera muchas preguntas.
En las aduanas mexicanas es delito pasar comida para perros, pero armamento pasa como si nada. ¿A quién les están comprando todo este equipo? Dado que es un equipo MILITAR, podemos esperar que el mismo gobierno les esté proveyendo de estos equipos.
