Agencias
México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este miércoles que cualquier investigación contra la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, por el presunto desvío de 898 millones de pesos de recursos federales debe iniciarse con una denuncia formal, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidiera no someter a López Rodríguez a revocación de mandato ni permitir que la Auditoría Superior del Estado de Guerrero continúe con la indagatoria.
“Si hay un señalamiento contra una presidenta municipal o un presidente municipal, evidentemente tiene que presentarse la denuncia, darle seguimiento e investigar”, aseguró Sheinbaum durante su conferencia matutina, aclarando que no ha conversado con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, sobre el caso ni sobre el presunto cohecho denunciado por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, relacionado con un collar valuado en 200 mil pesos recibido por la alcaldesa.
Mientras tanto, la mandataria federal destacó la inversión de más de 7 mil millones de pesos en Acapulco para la recuperación de puentes, repavimentación y obras de infraestructura, como un respaldo a la ciudadanía. Sin embargo, la situación evidencia un doble mensaje: aunque se presume apoyo al puerto y sus habitantes, la impunidad de los funcionarios señalados sigue intacta, y los recursos millonarios permanecen sin la transparencia que exige la ley.
El 14 de enero pasado, la SCJN avaló por unanimidad las controversias constitucionales promovidas por López Rodríguez, lo que impidió que fuera sometida a revocación de mandato y bloqueó la continuidad de la investigación de la Auditoría. Los recursos de reclamación presentados por la Auditoría y el Congreso de Guerrero fueron declarados infundados por el pleno, dejando en evidencia la fragilidad de los mecanismos locales de rendición de cuentas y el predominio de acuerdos políticos sobre la ley.
El caso ha generado cuestionamientos sobre la efectividad del control institucional en Guerrero, donde la percepción de impunidad y privilegio político puede socavar la confianza ciudadana. Expertos y críticos advierten que la falta de sanciones efectivas no solo perpetúa irregularidades, sino que envía un mensaje de tolerancia hacia posibles actos de corrupción en el ámbito local.
