Alejandro Aguilar
El Buen Tono
CÓRDOBA.- A escasos 21 días de haber asumido la presidencia municipal, la administración de Manuel Alonso Cerezo se desdibuja entre la improvisación y opacidad. Tras los fallidos intentos de reordenamiento del comercio ambulante y las polémicas modificaciones viales en el bulevar Fundadores, el edil enfrenta crisis de integridad al mantener en el cargo a un funcionario con un oscuro historial: David Flores Cervantes, alias “El Gavilán”.
A pesar de existir denuncias formales —como la interpuesta por el periodista Rubén Darío Cruz— y un amplio registro periodístico que vincula a Flores Cervantes con actividades delictivas y hostigamiento a la prensa en Cancún, Alonso Cerezo optó por la evasión. Con un evidente sesgo, el alcalde pretendió reducir la gravedad de las acusaciones a un simple trámite administrativo, afirmando con ligereza que “cualquiera puede llevar un documento” a la Contraloría.
Lejos de asumir una postura institucional firme, el edil comparó la denuncia contra el titular de Tránsito con incidentes aislados, como el reciente choque de un Camaro negro donde el conductor fingió ser su asistente. Al intentar igualar una queja ante la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) con un altercado vial, el alcalde no solo minimiza la inseguridad de Córdoba, sino que degrada la exigencia de justicia a un nivel de “chisme” de pasillo.
Esta actitud coloca bajo escrutinio a la administración municipal, pues la permanencia de “El Gavilán” en un área estratégica representa un riesgo latente para la transparencia y libertad de expresión en la ciudad.
La falta de rigor de Manuel Alonso no se limita al personal, sino que se extiende a la gestión urbana. Al ser cuestionado sobre la eliminación de las vueltas a la izquierda en el Bulevar Fundadores —medida que ha desatado caos e indignación ciudadana—, el alcalde admitió que no existe un estudio técnico que sustente el cambio.
Bajo la premisa de que es “prueba” sugerida por un teniente, Alonso Cerezo respondió con un alarmante “vamos a ver qué tal funciona”. Esta declaración confirma que las decisiones de su gobierno se basan en sugerencias operativas al azar y no en una planeación profesional, dejando a Córdoba como un laboratorio de experimentos fallidos mientras protege a personajes señalados por la ley.
