AGENCIA
Nacional.- Lo que el gobierno federal presentó como un acto de “justicia social” terminó convirtiéndose en una pesadilla que hoy exhibe la irresponsabilidad institucional y los graves riesgos de rifar bienes asegurados al crimen organizado. El caso de una mujer que ganó una casa en Jalisco, sorteada por la Lotería Nacional y administrada por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, revela las fallas, omisiones y peligros de este tipo de programas impulsados durante el sexenio anterior.
Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, dicho instituto subastó y rifó más de mil 300 propiedades decomisadas, muchas de ellas ligadas a grupos delictivos. Una de ellas fue una vivienda ubicada en la calle Huerta Norte número 436, en la colonia Huerta de Peña, en Tlaquepaque, Jalisco, con un valor superior a los 3.4 millones de pesos.
El inmueble formó parte del sorteo especial 291 de la Lotería Nacional, realizado el 15 de septiembre de 2024, en pleno Grito de Independencia. La ganadora, identificada como Esperanza, recibió la noticia con entusiasmo, pues se trataba de su primera propiedad. Sin embargo, desde el inicio existieron irregularidades: el instituto le entregó la casa sin escritura y únicamente con documentos que acreditaban el premio.
La situación escaló de forma alarmante meses después. El 26 de abril, vecinos alertaron a la familia de que hombres armados intentaban ingresar a la vivienda. Según el testimonio de la afectada, los sujetos forzaron la puerta, llegaron con un cerrajero y se ostentaron como los verdaderos dueños. Uno de ellos se identificó como “el dueño de la plaza” y la amenazó directamente, incluso mostrando un arma.
La casa había pertenecido a José Gabriel Zúñiga Ovalle, alias “El Delta”, integrante del Cártel de la Laguna, detenido en 2013 y posteriormente liberado. Aunque el inmueble fue asegurado por el Estado mediante extinción de dominio, hoy se encuentra nuevamente bajo control de personas vinculadas al crimen, mientras la ganadora permanece desprotegida.
El caso deja en evidencia una grave omisión del gobierno federal y de la Lotería Nacional, que promovieron sorteos de bienes sin garantizar condiciones reales de seguridad, posesión legal ni acompañamiento posterior. Peor aún, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado se deslindó del problema argumentando que ya cumplió con la entrega del premio, a pesar de que la ganadora no tiene control del inmueble ni garantías mínimas de seguridad.
El propio reglamento del sorteo establece que, si el instituto no puede entregar el bien, debe otorgarse el valor equivalente en efectivo. Aun así, la solicitud de la afectada no ha sido atendida, mientras su integridad física permanece en riesgo.
Este caso exhibe el fracaso de una política pública improvisada, usada con fines propagandísticos, sin medir las consecuencias reales para los ciudadanos. Rifas de bienes ligados al crimen organizado, sin depuración total ni respaldo jurídico efectivo, no solo resultan irresponsables, sino potencialmente mortales.
Hoy, la casa sigue ocupada por presuntos criminales, la denuncia avanza sin resultados y la ganadora quedó atrapada entre la negligencia del Estado y el poder del crimen organizado. Un ejemplo claro de cómo una rifa gubernamental puede convertirse en una sentencia de peligro para quien confió en ella.
Morena hasta para regalar propiedades es incompetente. ¡Sortean y ni las pueden proteger del narco! Vergüenza de gobierno.
Las ocurrencias de la 4T no tienen límites, junto con la Lotería Nacional rifando casas del CO para que te despojen de la propiedad o te maten. ¿También quién piensa que tener la casa de un narco es buena idea?
