Sandra González
El Buen Tono
Nogales.- La administración del expresidente municipal, Ernesto Torres Navarro, heredó un grave desorden administrativo en el panteón municipal Benito Juárez, debido a que dejó a una familia sin el predio que legalmente adquirió y pagó durante más de una década.
Los afectados denunciaron la pérdida de su lote funerario, pese a contar con comprobantes de compra y pagos continuos desde 2014 hasta 2025.
Al intentar hacer valer sus derechos, descubrieron que el predio, que legalmente les pertenece, ya lo ocupó otra persona, lo cual evidenció un problema estructural mucho más profundo en la administración del camposanto en general.
A 22 días de asumir el cargo, personal del área reconoció que “el camposanto se maneja por códigos, pero actualmente muchos están incorrectos”.
Admitió que el registro interno registra fallas graves y que se requiere una reestructuración para prevenir que tales conflictos sigan ocurriendo.
Durante la revisión del caso también salieron a la luz otras irregularidades alarmantes, personas que pagan un solo predio, ocupan dos espacios, una práctica que durante años pasó inadvertida por la disponibilidad de terrenos, aunque actualmente resulta crítica ante la sobrepoblación que existe en el lugar.
Entre las soluciones, se propuso reasignar a la familia afectada a un espacio cercano al predio original o, en su caso, mover a la persona que actualmente lo ocupa, siempre que no exista un difunto sepultado.
Medidas improvisadas que se quedan sin corregir el desorden, sólo lo redistribuyen, indicaron ciudadanos afectados por el caos.
“El objetivo es dar una solución justa, ya que la señora cuenta con sus comprobantes y está al corriente en sus pagos. Es incorrecto que pierda su espacio”, reconocieron los actuales funcionarios.
Confirmaron que el error fue por mal manejo de la administración anterior.
Este caso vuelve a exhibir la incapacidad o las malas prácticas administrativas del gobierno de Ernesto Torres Navarro, donde la falta de control, la opacidad y colisión de intereses económicos siguen saliendo a flote.
Lo que debería ser un servicio público básico, se convirtió en un foco rojo de incertidumbre jurídica y desorden oficial.
