*Denuncias ignoradas, expedientes enterrados y simulación en la contraloría social evidencian el legado de Juan Martínez y el rumbo de la actual administración
EL BUEN TONO
Córdoba arrastra un historial de corrupción, omisiones deliberadas y encubrimiento institucional que no sólo permanece vigente, sino que amenaza con profundizarse en la actual administración municipal. La falta de revisión real de la entrega-recepción, el abandono de las denuncias ciudadanas y la nula rendición de cuentas configuran un escenario político que coloca a Manuel Alonso Cerezo en una ruta de continuidad —e incluso agravamiento— respecto a las prácticas toleradas durante el gobierno de Juan Martínez Flores, de acuerdo con el presidente del Centro de Investigación, Difusión e Implementación sobre Asociaciones Civiles (CIDIAC), Manuel Molina Gómez.
En ese contexto, se expuso que la zona metropolitana concentra cientos de miles de documentos resguardados en decenas de cajas, cuyo contenido rara vez es analizado a fondo. Si bien la ley obliga a las nuevas autoridades a verificar el cumplimiento de la gestión anterior, en la práctica predomina la corresponsabilidad política y el silencio administrativo. Así, la contraloría social —mecanismo ciudadano para vigilar, evaluar y denunciar— queda relegada, permitiendo que irregularidades se normalicen sin consecuencias.
Un ejemplo representativo de este patrón ocurrió en la periferia del parque de San José, donde durante la administración pasada se denunciaron reiteradamente el ruido excesivo y el crecimiento descontrolado del ambulantaje nocturno, al punto de impedir el libre tránsito.
