AGENCIA
Nacional.- La reciente modificación al sistema de pensiones anunciada por el gobierno federal ha sido presentada como un avance histórico; sin embargo, en los hechos, el beneficio no es parejo y deja fuera a la mayoría de los trabajadores del país.
Mediante un decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación en junio de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo oficializó una reducción en la edad de jubilación, estableciendo que las mujeres podrán retirarse a los 53 años y los hombres a los 55. No obstante, esta medida aplica únicamente para los trabajadores al servicio del Estado afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), específicamente aquellos bajo el régimen del Décimo Transitorio.
Es decir, el cambio no beneficia a los millones de trabajadores del sector privado que cotizan al IMSS, quienes continúan sujetos a un sistema de retiro más restrictivo, con mayores años de cotización y una edad de jubilación más elevada.
Además, la reducción no será inmediata ni generalizada. El propio decreto establece un proceso gradual que se extenderá hasta el año 2034. Durante este periodo, la edad de retiro se irá reduciendo de manera paulatina, siempre y cuando el trabajador cumpla con los requisitos de cotización: 30 años para hombres y 28 para mujeres.
El calendario oficial marca que:
– En 2026 y 2027, las mujeres podrán jubilarse a los 56 años y los hombres a los 58.
– En 2028, 2029 y 2030, la edad será de 55 años para mujeres y 57 para hombres.
– Entre 2031 y 2033, bajará a 54 y 56 años, respectivamente.
– A partir de 2034, se alcanzará el tope anunciado: 53 años para mujeres y 55 para hombres.
En los hechos, el decreto establece un “congelamiento” inicial desde 2025, fijando la edad mínima en 56 años, evitando que aumente como lo preveía la legislación anterior, pero sin representar un beneficio inmediato para la mayoría de los trabajadores.
El anuncio ha generado críticas, ya que el gobierno federal ha presentado la medida como un logro generalizado, cuando en realidad solo impacta a un sector específico del empleo formal: Burócratas federales afiliados al ISSSTE. Quedan excluidos millones de trabajadores del sector privado, independientes y empleados informales, quienes continúan sin acceso a una jubilación digna.
Especialistas señalan que la reforma profundiza la desigualdad del sistema de pensiones en México, al mantener dos esquemas distintos: Uno con privilegios claros para el aparato gubernamental y otro más restrictivo para el resto de la población económicamente activa.
Mientras el discurso oficial habla de justicia social y bienestar, la realidad es que la jubilación anticipada será un beneficio exclusivo para una minoría, dejando intacto el problema estructural de pensiones que afecta a millones de mexicanos que, pese a trabajar toda su vida, difícilmente podrán retirarse en condiciones dignas.
¡En un país donde solo el 20% de los adultos tiene estudios profesionales! La educación en Mexico se ha retrasado muchísimo y la verdad es porque los porros y delincuentes dirigen este narco régimen bananero.
Yo no veo igualdad en derechos entre trabajadores de iniciativa privada contra los servidores públicos, siendo que los primeros son los que generan le presupuesto que se otorga al público.
Mientras los que somos ciudadanos de bien, que pagan impuestos, cumplen con la ley, tendremos que jubilarnos a los 65, los extorsionadores y vividores de la CNTE se van a jubilar a los 55. ¡En su desgobierno, los criminales son los que prosperan!
