De la Redacción
El Buen Tono
Córdoba.- Mientras el discurso oficial insiste en que “no pasa nada”, los señalamientos por vínculos con la delincuencia organizada, redes de corrupción y encubrimientos desde el poder se acumulan en México. Denuncias políticas, investigaciones periodísticas, reportajes internacionales y presiones abiertas del gobierno de Estados Unidos han colocado bajo la lupa a funcionarios locales, gobernadores en funciones y al expresidente Andrés Manuel López Obrador y su círculo cercano.
En el ámbito regional, Manuel Alonso Cerezo y Luis Abella Alvarado han sido mencionados en investigaciones periodísticas y en contextos de denuncias por irregularidades, vínculos políticos corruptos y posibles relaciones con estructuras de poder cuestionadas. Sus nombres aparecen de forma reiterada en el radar mediático local, como parte de redes políticas que operan en territorios donde la delincuencia organizada mantiene presencia y control.
Estos casos exhiben que el problema no inicia en Palacio Nacional: se construye desde lo local, donde los controles institucionales son frágiles y la rendición de cuentas, inexistente.
A nivel estatal, reportajes y columnas especializadas han citado listas de interés de agencias estadounidenses, conocidas mediáticamente como la “Lista Marco”, donde se agrupan políticos bajo sospecha de nexos con el crimen organizado o corrupción sistémica. En ese contexto, los nombres que se destacan empiezan por Cuitláhuac García Jiménez quien como gobernador de Veracruz (2018-2024), permitió que que una organización criminal de alcance estatal tuviera una expansión significativa en la entidad, consolidándose como una de las estructuras delictivas más notorias en el norte y centro del estado. Informes basados en documentos filtrados (como los “Guacamaya Leaks”) y análisis periodísticos señalan sus vínculos de impunidad entre este grupo y altas esferas del gobierno.
Mientras a la lista con actividades similares se suman:
1) Marina del Pilar Ávila Olmeda – Gobernadora de Baja California.
Su caso escaló tras la revocación de su visa estadounidense y la de su esposo, interpretada por analistas como señal política de desconfianza, más allá de explicaciones administrativas.
2) Rubén Rocha Moya – Gobernador de Sinaloa.
Señalado en investigaciones internacionales por vínculos indirectos y por gobernar una entidad emblemática del narcotráfico, con violencia persistente.
3) Américo Villarreal Anaya – Gobernador de Tamaulipas.
Mencionado en listados de inteligencia por presuntas relaciones políticas en uno de los estados con mayor control criminal.
4) Alfonso Durazo Montaño – Gobernador de Sonora.
Incluido en reportes periodísticos que lo colocan bajo escrutinio de autoridades estadounidenses.
5) Layda Sansores San Román – Gobernadora de Campeche.
Referida en análisis de inteligencia citados por columnistas especializados.
6) Miguel Ángel Navarro – Gobernador de Nayarit.
Nombre recurrente en listados mediáticos de interés internacional.
Todos niegan los señalamientos. Ninguno enfrenta cargos formales, pero el patrón es ineludible: estados gobernados por Morena, violencia creciente y atención directa desde Washington.
El círculo del poder federal: AMLO y su entorno
En la cúspide del poder aparece Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México (2018–2024), señalado en denuncias presentadas por el PRI ante la FGR y en cartas enviadas a autoridades de Estados Unidos, donde se le acusa de presunto encubrimiento y tolerancia hacia grupos criminales.
