

La medida de 41 m³ para medidores interiores, aprobada en 2025 por el Órgano de Gobierno de Hidrosistema, sigue generando quejas sin que exista revocación efectiva, mientras exregidor impulsor colabora en regiduría de Nhesma Faride Telis Arano, aliada de Víctor Serralde.
Alejandro Aguilar
El Buen Tono
Córdoba, Veracruz. – En un reconocimiento explícito de la injusticia que por meses han denunciado los cordobeses, la regidora Jacqueline Rodríguez Beristain admitió que el cobro fijo de 41 metros cúbicos a usuarios con medidor dentro de su domicilio es “completamente injusto y arbitrario”, impactando directamente la economía familiar.
Sin embargo, esta medida, aprobada desde 2025 durante la pasada administración, continúa aplicándose, evidenciando la brecha entre el discurso político y la acción efectiva.
En entrevista, la edil afirmó: “metí el oficio para un punto de acuerdo y tocar de manera ya urgente, inmediata, el análisis y la revocación de esta medida injusta”, añadiendo que “todavía hay quejas y hay muchas personas que no pagaron por lo mismo que se les hace injusto”. No obstante, los usuarios siguen recibiendo recibos inflados.
EL ORIGEN: UNA DECISIÓN AVALADA EN 2025

Esta polémica medida fue aprobada el año pasado por el Órgano de Gobierno de Hidrosistema de Córdoba, entonces integrado por: María del Rosario Palafox Aguilera, directora del organismo, Georgina Andrea Aguilar Sánchez, regidora, Jonathan Rosas Blanco, regidor, Lauro Ramos Olmos, contralor municipal y Alberto Mario García López, supuesto representante de usuarios.
A pesar de que la administración de Palafox Aguilera concluyó, el esquema de cobro arbitrario, basado en una interpretación cuestionada de los artículos 69 y 75 de la Ley de Aguas de Veracruz, sigue operando con impunidad.
IMPUNIDAD POLÍTICA: EL EXREGIDOR IMPULSOR SIGUE EN LA ESTRUCTURA MUNICIPAL

Uno de los aspectos más controvertidos es que el exregidor que impulsó y defendió esta medida en 2025 hoy continúa colaborando en la Regiduría que preside Nhesma Faride Telis Arano, edil vinculada políticamente al controvertido Víctor Serralde. Este hecho revela la continuidad de actores clave en la toma de decisiones, a pesar del daño comprobado a los usuarios.
